Las familias de los alumnos con necesidades educativas especiales del IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó se manifestaron este jueves por la tarde para exigir estabilidad en los servicios que requieren sus hijos. La concentración, que partió de la Plaza Esplanada y finalizó frente a la Delegación de Gobierno, buscó visibilizar unas carencias que, según denuncian, se repiten desde hace más de quince años en las aulas UEECO. El nuevo curso escolar se inició el pasado miércoles y, en ese momento, el transporte escolar adaptado no estaba asignado a los alumnos de estas aulas. Esta ausencia hubiera impedido su participación en actividades como la natación, una práctica que los padres consideran fundamental tanto en el plano físico como en el terapéutico y emocional. Horas más tarde, tras la presión ejercida, el servicio quedó resuelto, pero las familias han explicado que solo es de manera puntual y que no hay seguridad permanente. Denuncian que esta provisionalidad se debe a que los contratos se hacen año a año y a última hora, lo que deja a los alumnos sin garantías estables y obliga a los padres a vivir en la incertidumbre cada septiembre. Los progenitores subrayan que esta situación se repite cada curso, obligándoles a movilizarse para reclamar recursos que deberían estar garantizados desde el primer día de clase. Insisten en que no buscan soluciones improvisadas, sino un compromiso firme y duradero que asegure el transporte y otros servicios esenciales de forma estructural. El Pasqual Calbó cuenta con dos aulas UEECO en las que actualmente estudian nueve alumnos: cinco en una clase y cuatro en otra. Entre ellos, hay tres o cuatro jóvenes en silla de ruedas, además de otros con discapacidades severas que requieren atención constante y personalizada. Las familias recuerdan que en aulas con este perfil es imprescindible disponer de suficientes auxiliares técnicos educativos (ATEs). Sin embargo, denuncian que los recursos se asignan según ratios numéricos que no reflejan la complejidad real del alumnado. En la práctica, el número de ATEs resulta insuficiente y obliga a los maestros a asumir funciones de apoyo que les restan tiempo a su tarea pedagógica. También lamentan la ausencia de un profesor de Agraria, que hasta ahora formaba parte del centro y estaba habituado a los alumnos, pero que ha sido trasladado a otro instituto. Consideran que esta decisión es un ejemplo más de la falta de planificación y que perjudica a los estudiantes, que pierden a un referente con experiencia en su atención. El caso del fisioterapeuta es uno de los más representativos de la inestabilidad en las aulas UEECO. Años atrás, la plaza solo se cubría con contratos semestrales, lo que generaba una rotación continua de profesionales y una atención fragmentada. Hace diez años, tras varias protestas, las familias consiguieron que esos contratos pasaran de seis a nueve meses, un avance que celebraron como una victoria parcial. Sin embargo, aún hoy la plaza sigue sin estar consolidada y en ocasiones solo se ofrece a media jornada, lo que provoca que los fisioterapeutas abandonen el centro en cuanto encuentran mejores condiciones laborales. Los padres insisten en que esta figura debe estar contratada a jornada completa y con carácter fijo, porque se trata de un servicio imprescindible y permanente. Recuerdan que siempre habrá alumnos con necesidades motoras y que la atención no puede depender de contratos puntuales ni de soluciones temporales. Las familias también denuncian la rotación de otros perfiles como los especialistas en audición y lenguaje, que cambian casi cada curso. Los alumnos, explican, necesitan tiempo para generar confianza con sus profesionales de referencia, pero cuando empiezan a establecer ese vínculo se produce un relevo que obliga a empezar de nuevo el proceso de adaptación. El colectivo reclama que todas estas plazas se consoliden con contratos fijos y a jornada completa. Argumentan que los estudiantes con necesidades especiales no son una excepción temporal, sino una realidad constante en el sistema, y que los recursos deben garantizarse de manera estructural. La manifestación concluyó frente a la Delegación de Gobierno, donde los padres insistieron en que su lucha no se limita a sus hijos actuales, sino que busca garantizar un futuro mejor para los que vendrán. Admiten que no esperan soluciones inmediatas, pero confían en que la presión social provoque cambios en la gestión de recursos. El mensaje final fue claro: la estabilidad en las aulas UEECO del Pasqual Calbó no es un lujo, sino una necesidad urgente. Aunque el transporte adaptado se resolviera a última hora, los padres recuerdan que el verdadero problema continúa. Mientras se sigan haciendo contratos puntuales y provisionales, la inclusión educativa seguirá siendo incompleta y los alumnos estarán en desventaja frente al resto.