El edil acudirá el día 18 a la Sección Tercera por una causa sobre una contratación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales El exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba David Dorado se sentará en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acusado de un presunto delito de prevaricación. El juicio es una de las piezas derivadas del conocido como Caso Infraestructuras , que derivó en la operación Caronte por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Dorado fue arrestado por una investigación sobre un presunto fraude en el área que dirigía como concejal. El edil acabó en el grupo de concejales no adscritos durante la pasada Corporación. Ahora, Dorado se enfrenta a un delito de 12 años de inhabilitación para el empleo o ejercicio de cargo público, además de la imposición de costas, según la petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba, tal y como consta en la calificación provisional a la que ha tenido acceso este periódico. Pero el exconcejal no afronta pena de prisión alguna. A pesar de eso será juzgado el próximo 18 de septiembre en la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Este caso ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. Este sumario, en concreto, alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. Según la calificación, Dorado habría contratado este servicio con una empresa cuando el Ayuntamiento ya disponía de él y sin tener competencias para la firma. El contrato fue autorizado por la Junta de Gobierno Local en el mandato anterior y sin que este se considerase caducado el propio Dorado, sin acudir a la Junta de Gobierno Local, habría firmado un segundo acuerdo. La Fiscalía acusa a Dorado de firmar el documento “sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema”, según detalla. El Ministerio Fiscal considera que el contrato provocó un fraccionamiento de facturas por un importe menor a 3.000 euros que no pudieron ser detectadas hasta la denuncia. En un primer momento de la instrucción, en esta causa estuvieron también en situación de investigados la antigua coordinadora de Infraestructuras junto a un funcionario. No obstante, solo David Dorado acudirá a juicio. El origen del caso Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado . La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. Tras una auditoría el caso acabó en la Fiscalía, que a su vez pidió a la Policía que lo investigase. Eso precipitó la operación Caronte, con una decena de detenidos, 42 contratos sospechosos y una investigación sobre presuntos regalos a la trama.