Las acusaciones populares que ejercen Ciudadanos y Acció Cultural del País Valencià piden a la magistrada que se aporte a la causa la grabación inédita del Cecopi Un vídeo captado en el Cecopi confirma la tensión entre Salomé Pradas y la CHJ: “Llamad a Polo, a mí no me apetece” Dos de las acusaciones populares de la causa de la dana han puesto en el punto de mira de la jueza instructora el audio inédito de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Se trata de un mudo (imágenes captadas por la cámara con sonido ambiente que sirven de recurso para elaborar piezas informativas) de unos seis minutos de duración grabado en un momento clave del Cecopi, a partir de las 18.59. Tras la primera pausa, la reunión se reactivó a petición de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien pidió a la entonces consellera Salomé Pradas que se volviera a poner en marcha el Cecopi al haberse enterado de la inundación del municipio de Paiporta. En el video que grabó la cadena autonómica se escucha a Pradas dando órdenes, lo cual contradice la versión que defendió ante la jueza, según la cual ella actuaba como una mera representante institucional y los técnicos tomaban las decisiones. El sonido del video cuenta con un “extraordinario interés para la causa”, según la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià. La entidad ha pedido a la jueza instructora que se requiera a la televisión pública valenciana para que indique si “fue autorizada a su grabación” por parte del personal del Centro de Coordinación de Emergencias “con el compromiso de remitirlo a los medios que lo solicitaran”. También solicita que se requiera la relación de medios de comunicación a los que se remitieron las imágenes. “Tenemos que recordar que con el nivel de emergencia decretado, À Punt pasa a ser el canal oficial de transmisión de información oficial efectuando labores de 'pool', anglicismo utilizado para identificar al resto de medios que sólo se pueden nutrir de imágenes de dicho canal oficial”, afirma el escrito. Por su parte, la acusación popular que ejerce Ciudadanos también ha pedido a la jueza que se oficie a la Corporación de Radio Televisión Española SA para que aporte a la causa una copia del video de la noticia. Además, los letrados de Ciudadanos también recuerdan que la existencia del audio grabado por À Punt “en el interior del Cecopi” se ha publicado “en numerosos medios de comunicación” y solicitan a la jueza que libre un oficio de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) para que aporte al procedimiento la “totalidad de las grabaciones de audio y video”. En las imágenes publicadas por Televisión Española se escucha a la jefa de prensa de Emergencias pidiendo a la reportera de À Punt que únicamente se emitan las imágenes y que se excluya el audio. Tras el requerimiento de la jueza del pasado mes de febrero para que la cadena autonómica aportara las imágenes de la dana, los servicios jurídicos de la casa recomendaron no incluir los seis minutos del Cecopi con el audio, según fuentes de À Punt. La reunión del Cecopi, piedra angular de la causa que investiga los 228 presuntos homicidios imprudentes, no se grabó por parte del departamento de Emergencias. Hasta ahora, solo se conocía una breve grabación, de poco más de un minuto, efectuada por José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet que participaba de forma telemática en el Cecopi. La jueza instructora, en un auto del pasado 4 de junio , lamentó que “desafortunadamente” el Cecopi no se grabó oficialmente. La magistrada también avaló el audio de Núñez como una prueba “plenamente lícita”. À Punt defiende que era una “reunión reservada” La dirección de la televisión autonómica ha alegado este jueves en un comunicado que la jueza solicitó el pasado 12 de febrero las declaraciones de los políticos la noche del pasado 29 de octubre, las imágenes de los desbordamientos del barranco del Poyo y las declaraciones a cámara de los responsables de Emergencias. El comunicado sostiene que se grabó una “reunión reservada y a puerta cerrada, como lo es un Consejo de Ministros o una reunión de la Junta de Síndics de las Cortes Valencianes”. “En estas reuniones se permite la grabación de imagen pero no de audio. Si por alguna razón se graba audio ambiente el código deontológico periodístico impide su difusión”, arguye. La dirección asegura que las imágenes han sido “sustraídas de los archivos de la redacción” y “filtradas a otro medio de comunicación”. También lamenta que “con su emisión y posterior reproducción se ha abierto un debate que está cuestionando la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de À Punt”. La cadena autonómica investiga la “sustracción” La cadena autonómica “está investigando el origen de la sustracción y se reserva las acciones legales que considere oportunas”. Además, el comunicado recuerda que, en un auto del pasado 8 de septiembre, la jueza de la dana denegó la diligencias que solicitaba Ciudadanos precisamente sobre las imágenes en bruto de À Punt. La magistrada, según recuerda la dirección de À Punt, se escudó en que “afecta al secreto profesional de los medios de comunicación reconocido constitucional y jurisprudencialmente”.