El año pasado tuvo lugar el mayor retroceso histórico en libertad de prensa en el mundo de los últimos 50 años. Esta es una de las principales conclusiones de la edición 2025 del informe Estado Global de la Democracia , que elabora y publica cada año el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), una organización intergubernamental (de la que forma parte España) con sede en Estocolmo (Suecia) y cuyo objetivo es apoyar y promover la democracia en todo el mundo. Y eso que Donald Trump todavía no había iniciado su ofensiva contra los medios e Israel no había extremado aún el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza. Este deterioro tiene profundas implicaciones para la democracia mundial. La libertad de prensa es esencial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana informada. Cuando los medios de comunicación son reprimidos o censurados, el control del poder se debilita, la corrupción puede prosperar y la sociedad civil pierde una herramienta crucial para cuestionar y fiscalizar a las autoridades. También dentro de este capítulo, las libertades civiles han sido uno de los factores que han registrado un mayor retroceso, con los impactos más significativos observados en la libertad de prensa, pero también en la libertad de expresión, la igualdad económica y el acceso a la justicia. El rendimiento en libertad de prensa disminuyó en 43 países, casi una cuarta parte (24,9%), marcando la regresión más pronunciada en esta variable desde 1975. Y nada indica que las cosas estén mejorando. Entre enero y abril de 2025, IDEA emitió 20 alertas (el doble que en cualquiera de los dos años completos anteriores), documentando casos en los que el Gobierno de los Estados Unidos ha erosionado y abolido las reglas, instituciones y normas que han dado forma a la democracia estadounidense. Los ejemplos incluyen los esfuerzos para restringir la libertad académica, criminalizar la actividad de protesta, cuestionar la legitimidad de las elecciones certificadas, restringir selectivamente el acceso de los medios de comunicación al Ejecutivo y eludir las normas del debido proceso. Con todo, España no sale mal parada en este capítulo de “derechos”. Todo lo contrario . Ocupa la posición 11.ª en este apartado, la más alta de los cuatro indicadores generales, con una puntuación de 0,844 sobre 1, también extremadamente elevada, lo que refleja un alto nivel de protección de las libertades fundamentales en asuntos como el acceso a la justicia, las libertades civiles (que incluyen la de prensa) y el bienestar básico. La igualdad política también está bien valorada, aunque ligeramente por debajo de los otros factores de este apartado. Los datos de España también son buenos en los capítulos “representación” (posición 22.ª) y “Estado de derecho” (24.ª) . El primero evalúa hasta qué punto el poder político es elegido de forma creíble y responde a la voluntad ciudadana, garantizando canales efectivos de participación. Incluye factores como el sufragio inclusivo, la calidad y competitividad de las elecciones, la transparencia y respeto a los resultados, así como la rendición de cuentas de los parlamentos y, cuando es posible, la representación en gobiernos locales. Aquí España está entre los mejores gracias a los indicadores de elecciones creíbles y sufragio inclusivo, ambos con puntuaciones muy cercanas al máximo. No obstante, el apartado “Parlamento eficaz” se sitúa en un rango medio, lo que sugiere que, aunque las elecciones son fiables, la capacidad del Parlamento para legislar y controlar al Gobierno es un área en la que hay margen de mejora. El apartado de “Estado de derecho” mide el grado en que las leyes se aplican de manera justa, previsible e igual para todas las personas, sin arbitrariedades ni privilegios. Evalúa aspectos como la independencia y eficacia del poder judicial, el respeto a los derechos procesales, el acceso a la justicia, el control de la corrupción, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la integridad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. España obtiene aquí las valoraciones más bajas dentro de su perfil, aunque siguen considerándose de “rango alto”. La “previsibilidad en la aplicación de la ley” también muestra un margen de mejora, según los redactores del informe. ¿Dónde obtiene España el peor resultado? En el apartado de “participación” (posición 31.ª; 0,707 sobre 1). En esta área se evalúa hasta qué punto las personas pueden intervenir, y efectivamente lo hacen, en la vida política y pública, más allá de limitarse al derecho al voto. Mide el grado en que los ciudadanos utilizan y disponen de canales para implicarse en las decisiones colectivas. En nuestro país, el factor “compromiso cívico” y la “participación electoral” se sitúan en un rango medio, lo que apunta a una posición de debilidad, aunque el indicador “sociedad civil” muestra una puntuación más robusta. El “compromiso cívico” mide el grado en que los ciudadanos participan activamente en la vida política y comunitaria más allá del voto, como, por ejemplo, la actividad en organizaciones de la sociedad civil, asociaciones comunitarias, movimientos sociales, voluntariado y otras formas de participación colectiva que permiten influir en políticas públicas y decisiones locales. Evalúa no solo la existencia de estas oportunidades, sino la efectividad con la que las personas pueden usarlas para influir en el poder. La “participación electoral”, en cambio, se centra en la implicación de los ciudadanos en procesos formales de elección de representantes políticos. Se mide principalmente a través de la asistencia a votaciones en elecciones nacionales y locales para reflejar la capacidad de la ciudadanía de influir en la composición de los gobiernos mediante mecanismos democráticos formales. La diferencia entre participación electoral y compromiso cívico es clave: un alto porcentaje de votantes no garantiza que la ciudadanía ejerza un control constante sobre el poder, ni que haya debate público ni rendición de cuentas fuera del ciclo electoral. Pero un fuerte compromiso cívico indica hasta qué punto la sociedad civil está activamente involucrada en la toma de decisiones, la supervisión de políticas públicas y la presión sobre las autoridades entre elecciones. En general, y más allá de España, que forma parte del oasis de países en mejor situación, el informe documenta una tendencia preocupante a escala global: más de la mitad de todos los países evaluados han retrocedido en al menos un aspecto clave del desempeño democrático durante los últimos cinco años. Representación, derechos, Estado de derecho y participación están bajo presión, con descensos globales sin precedentes en la independencia judicial, la libertad de prensa y la integridad electoral. Incluso las democracias de alto rendimiento “están demostrando no ser inmunes, ya que los paisajes políticos cambiantes y las instituciones debilitadas desafían suposiciones arraigadas sobre la resistencia democrática”, sostiene Kevin Casas-Zamora, secretario general de IDEA. Los patrones globales muestran que la democracia en todo el mundo continúa debilitándose. En 2024, 94 países, que representan el 54% de todos los evaluados, sufrieron una regresión en al menos un factor de desempeño democrático en comparación con su propio desempeño cinco años antes. Por el contrario, solo 55 países (32%) avanzaron en al menos un factor durante ese período. Los informes de IDEA utilizan una metodología que combina más de un centenar de variables procedentes de fuentes reconocidas (V-Dem, Freedom House, Banco Mundial, entre otras) y asigna valores normalizados entre 0 y 1 para cada país. Los resultados, disponibles en línea junto con gráficos interactivos e informes anuales, facilitan el análisis de tendencias globales y regionales, así como la identificación de avances o retrocesos democráticos.