La Guardia Civil ha destapado una presunta trama de empadronamiento fraudulento en el Ayuntamiento de Alcúdia, un escándalo que salpica a un funcionario municipal y deja al descubierto a más de 400 personas en situación irregular inscritas en domicilios inexistentes. La noticia revela un entramado que operaba al margen de la ley, utilizando el sistema público para beneficiar a migrantes sin papeles, un acto que la alcaldesa ha calificado como una traición a la confianza pública. El arresto del funcionario se produjo a primera hora del miércoles, un evento que marcó el clímax de una investigación iniciada discretamente hace dos meses. Tras su detención, el sospechoso, natural de Alcúdia, fue puesto a disposición judicial en Inca, donde se le imputan delitos de falsedad documental y otros cargos que aún se están determinando. El Instituto Armado, que sigue al frente de las pesquisas, ha confirmado que la operación continúa abierta, lo que sugiere que podrían desvelarse más detalles y posibles implicados en los próximos días. La gravedad de la situación ha llevado al Ayuntamiento a anunciar que se personará como acusación en el caso, buscando llevar a la justicia a los responsables de esta estafa administrativa. El presunto autor de la trama, un empleado interino con experiencia previa en otro consistorio, utilizaba su acceso privilegiado al sistema de Estadística municipal para realizar inscripciones fraudulentas. Según ha explicado la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares,  el funcionario empezó a empadronar a estas personas de forma irregular a partir de noviembre de 2023. Sorprendentemente, lograba acceder a las oficinas por las tardes, una vez que las dependencias estaban cerradas al público, lo que le permitía actuar con total impunidad. La cifra de empadronamientos fraudulentos asciende a 438, aunque por el momento, el Ayuntamiento solo ha podido validar 430 casos de manera fehaciente. La magnitud del fraude es aún más alarmante si se considera la naturaleza de los domicilios de empadronamiento: se trata de direcciones que no existen, terrenos baldíos, solares sin edificar o, en el mejor de los casos, viviendas que no estaban terminadas. Esta audacia en el engaño sugiere un conocimiento profundo de los mecanismos del padrón y una absoluta falta de escrúpulos. El fraude se detectó hace dos meses cuando uno de estos falsos empadronados fue al Ayuntamiento a sacar un certificado de empadronamiento. En ese momento los funcionarios se dieron cuenta de que la persona figuraba en el registro estatal, pero no en el municipal. Entonces se inició una investigación para saber que pasaba y detectaron más casos -siempre de personas inmigradas- por lo que se abrió una investigación. Aunque el registro figuraba en el sistema central del Instituto Nacional de Estadística (INE), no aparecía en el sistema local del Ayuntamiento, donde se guarda la documentación más detallada. Esta discrepancia fue el hilo del que tiraron los funcionarios municipales para desenredar la madeja del fraude. Aunque inicialmente se pensó que el responsable podría ser una persona ajena al consistorio que había accedido al sistema de forma ilegal, la investigación interna y posterior colaboración con la Guardia Civil apuntaron directamente al funcionario detenido. El lunes, agentes de la Policía Judicial se personaron en el Ayuntamiento para requisar el ordenador del sospechoso y tomar declaración a posibles testigos. Dos días después, se procedió a la detención, un desenlace que confirmó las sospechas de las autoridades locales y puso fin a la presunta operación ilícita. Ante la evidencia del fraude, el Ayuntamiento de Alcúdia no ha perdido el tiempo. La alcaldesa Linares ha anunciado que a partir de este mismo viernes se iniciarán los trámites para dar de baja a las 438 personas del padrón municipal. "Se les tiene que dar de baja a todos porque no se puede comprobar que vivan aquí", declaró la regidora, subrayando la obligación legal del consistorio de actuar ante estas irregularidades. De forma paralela al proceso judicial, el Ayuntamiento ha abierto un expediente disciplinario al funcionario, un procedimiento administrativo que podría derivar en su expulsión definitiva. "No es del agrado de nadie ver que un funcionario puede engañar a la administración de esta manera y empleando firmas ajenas", lamentó la alcaldesa, visiblemente afectada por el caso.