El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ha anunciado este viernes que el Ejecutivo autonómico se personará en la demanda interpuesta por la plataforma Xúquer Viu contra la adenda al convenio que rige el trasvase Júcar-Vinalopó «para que esta transferencia se mantenga». Así lo lo ha avanzado Mazón en la apertura del VII Congreso Nacional del Agua en Elche, donde ha defendido que el trasvase Júcar-Vinalopó «es fruto del consenso entre los regantes y un ejemplo de solidaridad en el que todos los agentes implicados están cumpliendo con los compromisos adquiridos». El jefe del Consell ha remarcado que esta infraestructura responde «a la razón y a criterios técnicos y científicos», frente a « la política y el dogmatismo « que está aplicando el Gobierno en materia hídrica. En este sentido, Carlos Mazón ha reprochado que el Ejecutivo central »no haya aportado ni una sola razón técnica para cambiar las normas de explotación« del trasvase Tajo-Segura. El presidente valenciano ha advertido que «se pretende» cambiar las normas de explotación «para poner fin al trasvase en la provincia de Alicante» y ha señalado que esas reglas «no guardan relación con los caudales ecológicos del Tajo, que están garantizados y no corren peligro». Además, ha incidido en que «el trasvase Tajo-Segura no es la causa de los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni a la cantidad de agua», al tiempo que ha apuntado que «no se ha registrado ningún incumplimiento de los caudales ecológicos por falta de agua en la cabecera, mientras que sí se están efectuando desembalses excesivos que desperdician recursos hídricos de gran valor«. Asimismo, el president ha afeado al Gobierno de España su falta de voluntad de diálogo en esta materia y le ha instado a «una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos, incluyendo la construcción de balsas que optimicen el uso de las aguas derivadas a riego». Mazón ha calificado estas actuaciones de «imprescindibles» para mejorar el régimen fluvial y la calidad de las aguas y disminuir los desembalses en cabecera sin merma de garantías en la cuenca cedente. El jefe del Consellha asegurado que acabar con este trasvase «tendría un impacto especialmente negativo sobre Alicante, Murcia y Almería» y ha informado que la Generalitat va a impulsar un frente común con acciones concretas entre todas las comunidades autónomas afectadas, los regantes y los ayuntamientos. Según ha destacado, la implantación plena del régimen de caudales ecológicos y las modificaciones en las reglas de explotación del trasvase que pretende aplicar el Gobierno «reducirían significativamente los volúmenes de agua disponibles para el regadío, lo que supondría una pérdida patrimonial total de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas de regadío«, además de ocasionar la destrucción de más de 15.000 empleos. En concreto, en la provincia de Alicante, «los efectos económicos sobre las explotaciones agrícolas ascenderían hasta una reducción de la producción estimada de casi 61 millones de euros y una pérdida de empleo calculada en algo más de unos 1.700 puestos de trabajo», ha manifestado Mazón.