El caso de la niña de Elche que espera a que un juez decida si tiene que estudiar en valenciano o en castellano por el desacuerdo de sus progenitores, que están separados, ha desatado las críticas de las dos federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos de la provincia. Y ya no solo por el hecho de que hayan pasado más de siete meses sin que se resuelva un problema generado el pasado curso. También coinciden en que debería de haber prevalecido el interés de la niña, de tan solo seis años de edad, algo que no ha ocurrido así porque ha sido colocada en una clase de castellano hasta que el juzgado diga si tiene razón la madre, que votó por el valenciano, la lengua que ha estudiado durante tres cursos, o la tiene el padre, que se decantó por el español.