El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado que su formación ha solicitado formalmente al presidente de la Cámara de Cuentas la elaboración de un informe de fiscalización sobre todo el gasto directo e indirecto destinado a inmigración ilegal en las entidades de derecho público de la comunidad autónoma. Moreno ha justificado esta petición en la Ley 7/2021 de la Cámara de Cuentas y en el Reglamento de las Cortes. Según ha defendido, «los castellanomanchegos tienen derecho a saber cuánto dinero público, procedente de su esfuerzo, de su trabajo y de sus impuestos se está destinando a la inmigración ilegal y cuánto nos cuesta mantener a los inmigrantes ilegales mientras se debilitan los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la seguridad». El dirigente de Vox ha señalado que «Castilla-La Mancha atraviesa una emergencia social y económica estructural , con altos niveles de pobreza y precariedad laboral, pero ni los gobiernos socialistas ni los populares han sido capaces de revertir esta realidad», ha afirmado. En este sentido, criticó que, mientras « nuestros hijos van a clase en barracones , nuestros pacientes son condenados a largas listas de espera o nuestros policías están desbordados y sin medios humanos ni materiales, el PSOE mantiene políticas que favorecen a los ilegales y relega a los españoles». Para Moreno, la inmigración ilegal masiva supone un coste enorme para las arcas públicas y denunció que el presidente regional, Emiliano García-Page, «no diferencia entre quienes han contribuido con su trabajo al sostenimiento de Castilla-La Mancha y quienes han entrado y permanecen de manera ilegal, lo que compromete la viabilidad de los servicios públicos esenciales». La Ley 7/2021 de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha establece que este órgano tiene la responsabilidad de fiscalizar la actividad económica y financiera del sector público y de asesorar a las Cortes cuando estas lo requieran. Vox entiende que esta petición encaja dentro de esas competencias. «Queremos que la Cámara de Cuentas actúe y ponga luz sobre este gasto opaco . Los organismos públicos deben estar al servicio de los españoles y no de intereses ideológicos que destruyen nuestra prosperidad», concluyó Moreno.