El Ayuntamiento de Elche cuenta desde finales de 2017 con un documento clave que, aunque poco conocido fuera de los círculos administrativos, define con precisión qué hacer -y quién debe hacerlo- si la institución sufre un ciberataque, como fue el caso el pasado 24 de agosto, intrusión en la que sigue sumergido, con los plazos paralizados y sin poder conectarse al servidor central, conocido popularmente como TAO. Se trata de la Política General Corporativa y de Seguridad de la Información (PGCSI), aprobada por la junta de gobierno local el 22 de diciembre de aquel año. De hecho, el documento sigue teniendo como regidor al que entonces era el alcalde, Carlos González; y figuran al frente de la cadena de mando funcionarios de alto rango apartados de las que entonces eran sus funciones, pero que siguen figurando en el documento.