La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado recientemente un "plan" para paliar la falta de profesores de Matemáticas: permitir que jubilados "cualificados" y estudiantes universitarios de tercer curso ocupen las aulas de Secundaria e incluso de Primaria. No es una broma. Es una política educativa. Más allá del titular, la propuesta es una peligrosa mezcla de ilegalidad, improvisación y propaganda, que retrata perfectamente un modelo de gestión: culpar a factores externos, ofrecer una solución vistosa e ineficaz, y obviar la raíz del problema, que no es otro que la degradación premeditada del sistema educativo público madrileño durante más de una década. Un plan fuera de la ley La propuesta no es solo pedagógicamente insostenible, sino que vulnera abiertamente la normativa vigente. Según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, para impartir clase en Secundaria o Bachillerato es obligatorio tener una titulación específica y haber cursado el Máster en Formación del Profesorado, que acredita la capacitación pedagógica y didáctica. Este requisito está además desarrollado en el Real Decreto 1834/2008, que regula las especialidades del profesorado, y en la Orden EDU/3498/2011, que concreta los títulos habilitantes. A esto hay que añadir el Real Decreto 132/2010, que establece los requisitos mínimos de los centros docentes y, en su artículo 13.1, exige que el profesorado cuente con la cualificación adecuada y con la formación pedagógica y didáctica requerida. Esta norma es de carácter básico, por lo que su cumplimiento es obligatorio en todo el Estado, incluida Madrid. Aunque la presidenta, tan propensa a invocar el nacionalismo español, parece ignorar —o preferir saltarse— la legislación española cuando no le conviene. ¿Faltan realmente profesores de Matemáticas? La respuesta es clara: no faltan profesores formados; lo que faltan son condiciones dignas para que esos profesionales quieran ejercer en Madrid. En realidad, el problema no está en la falta de titulados, sino en la disponibilidad para aceptar ciertas condiciones: no se cubren algunas sustituciones, pero sí están cubiertas las vacantes estructurales. En la Comunidad de Madrid, existe un sistema llamado PADI (Procedimiento de Asignación de Interinos), que regula la adjudicación de plazas docentes. En la especialidad de Matemáticas, 2.862 personas están inscritas en estas listas. La mayoría son tituladas en la materia y han accedido a las listas por haber superado total o parcialmente las oposiciones, sin haber obtenido plaza, o por cumplir los requisitos académicos establecidos. Se han adjudicado ya más de 1.100 vacantes y sobran interinos. Lo que ocurre es que un graduado en Matemáticas puede no querer estar en la lista para cubrir, dentro de dos meses, una sustitución de 15 días en San Martín de Valdeiglesias, por ejemplo, mal pagada y sin garantías de continuidad. A esto se suma una barrera adicional: la escasa oferta de plazas en el máster habilitante en las universidades públicas, que obliga a muchos aspirantes a matricularse en centros privados con precios que superan los 6.000 euros. Esta situación, provocada por la infrafinanciación universitaria sostenida por el propio Gobierno autonómico, no solo disuade vocaciones, sino...