El sector pesquero en Cataluña vive una situación de máxima preocupación, calificada por sus propios protagonistas como un "drama". La principal causa de esta crisis son las severas restricciones a los días de pesca, una política que, según denuncian, amenaza la viabilidad de sus empresas y el futuro de una profesión histórica. Xisco Gil, pescador y patrón mayor de la Cofradía de Cambrils, se ha convertido en una de las voces que alerta sobre el peligro inminente que enfrenta la flota catalana, debido a una normativa que consideran injusta y desconectada de la realidad del mar. La normativa europea ha establecido un límite de 130 días de pesca al año para la flota de arrastre, una cifra que los pescadores consideran totalmente inviable para la supervivencia económica. Gil argumenta que es imposible mantener una empresa y asegurar el sustento de las familias con un período de actividad tan reducido. La indignación en el sector aumenta debido a la opacidad de los cálculos de Bruselas, que "se basan en cuotas de hace dos o tres años", ignorando los datos actuales que manejan los pescadores y centros como el CSIC, que no cuadran con las estimaciones oficiales. "No nos explican cómo hacen los números, es un entramado en el que no sacamos el agua clara", lamenta Gil. Esta incertidumbre se agrava al compararse con otros países como Francia, donde los pescadores conocen su calendario anual desde enero. En España, sin embargo, los días de pesca definitivos no se comunican hasta septiembre u octubre, lo que impide cualquier tipo de planificación empresarial a largo plazo. "Nos están recortando el derecho al trabajo y a que las familias se puedan ganar la vida dignamente", denuncia el patrón mayor de Cambrils, subrayando que las políticas actuales oprimen al sector y lo abocan a una situación límite. Las consecuencias de estas políticas ya son visibles en los puertos catalanes, con una drástica reducción de la flota. En Cambrils, el número de barcas de arrastre ha pasado de 45 a solo seis en las últimas décadas. De estas, Gil estima que "solo dos tienen relevo generacional". Esta alarmante falta de jóvenes interesados en el oficio es un resultado directo de la precariedad y la falta de futuro que proyecta el sector. "Con las restricciones y las políticas que hay hoy en día, ninguna persona joven quiere seguir pescando", afirma con rotundidad. Los pescadores defienden que ellos son los primeros interesados en la sostenibilidad de los caladeros para garantizar el futuro de las próximas generaciones. Sin embargo, sienten que su experiencia y conocimiento no son tenidos en cuenta por una administración que "se está cargando las barcas". A las limitaciones de días se suman otras restricciones, como el tamaño de las mallas de las redes, que han pasado de 30 a 45 milímetros, impidiendo la captura de especies pequeñas como el calamar o los popets, que son una parte tradicional de sus capturas. Aunque existen ayudas para compensar los periodos de veda o para la modernización de los equipos, como la instalación de "puertas voladoras", los pescadores señalan que a menudo son insuficientes o llegan tarde. "Como en todas las ayudas, tú tienes que pagar y avanzar primero el dinero", explica Gil, lo que supone una carga financiera adicional para empresas que ya luchan por sobrevivir. Ante este panorama desolador, el sector propone una solución que consideran justa y viable: un mínimo de 180 días de pesca al año. Argumentan que esta cifra sería sostenible, especialmente teniendo en cuenta que la flota ya se ha reducido en un 70% en todo el litoral, una realidad que parece no ser considerada en los despachos de Bruselas.