Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina mantienen la presión contra la presencia en el centro del maestro Miquel Roldán, condenado en 2021 por acoso a un exalumno. Por tercer día consecutivo, los padres no han llevado a sus hijos a clase, en señal de protesta, lo que en la práctica ha supuesto una huelga total en el colegio desde el inicio del curso escolar. La movilización se produce tras confirmarse que Roldán, cuya condena aún no es firme y ha sido recurrida, ha solicitado plaza en el centro a través del procedimiento ordinario de sustituciones. Su regreso ha provocado un fuerte rechazo entre las familias, que aseguran sentirse intranquilas. “Seguimos igual, con mucha preocupación. Para nosotros el colegio tiene que ser un espacio seguro, un entorno de confianza, y ahora mismo no se cumplen estos requisitos”, señala Alberto del Álamo, presidente de la asociación de padres. La Conselleria de Educación ha tratado de calmar los ánimos asegurando que se han tomado medidas preventivas. El conseller, Antoni Vera, ha explicado que el maestro no asumirá tutorías y que se le han impuesto restricciones para que en ningún momento se quede a solas con los alumnos. Además, se ha designado un nuevo docente para el sexto curso y se ha abierto una comisión con la inspección educativa para valorar el caso. Sin embargo, el propio Vera reconoce que el margen de actuación es limitado: “Lo que hemos hecho es reforzar las medidas preventivas, porque esta persona accedió a la plaza por un procedimiento legal y ordinario. La administración está, en este punto, con las manos atadas”, ha admitido. Las familias consideran insuficientes estas medidas y han redoblado sus demandas para que se cambie la ley. Insisten en que una persona condenada por un delito contra menores, aunque no se trate de un delito sexual, no debería poder regresar a las aulas. En este sentido, el Partido Popular ha presentado en el Parlament una proposición no de ley para instar al Gobierno central a ampliar el catálogo de delitos que inhabilitan a trabajar con menores. Actualmente, la legislación solo contempla los delitos de carácter sexual, lo que deja fuera situaciones como la del maestro Roldán. “Entendemos que modificar una ley no es sencillo y que puede llevar tiempo, incluso todo el curso escolar, pero exigimos que se priorice la protección de los niños por encima de cualquier otra consideración”, añade el portavoz de las familias. Mientras tanto, el colegio de Son Sardina sigue sin actividad académica normal. Ningún alumno ha asistido a clase en los últimos días y la tensión continúa. La Conselleria insiste en que, aunque la sentencia no es firme, ya se han reforzado las medidas de control. Las familias, en cambio, mantienen su pulso y advierten de que no pondrán fin a la huelga hasta que se garantice un entorno escolar seguro y sin riesgos para sus hijos. El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la legislación actual y sobre cómo conciliar el derecho al trabajo del docente con el derecho de los alumnos a recibir educación en un entorno libre de amenazas. Una polémica que, de momento, mantiene bloqueado el arranque del curso en el Maria Antònia Salvà de Son Sardina.