No es solo Sarah Santaolalla. Al Partido Popular y a sus colegas de Vox les irrita que el exjuez Baltasar Garzón sea una de las voces progresistas del mundo del Derecho que aporte doctrina jurídica en el programa "Mañaneros 360" de Televisión Española, el nuevo programa líder de las mañanas que presentan Javier Ruiz y Adela González. Los dos partidos han presentado sendas preguntas parlamentarias para que el presidente de la Corporación, José Pablo López, rinda cuentas y explicaciones sobre por qué Garzón tiene tribuna libre en la televisión pública. Por un lado, el Partido Popular ha presentado una pregunta escrita en la que requiere la opinión del presidente de RTVE sobre "si considera adecuado que un medio público recurra, como expertos jurídicos para comentar actuaciones del Tribunal Supremo, a personas condenadas como delincuentes por ese mismo Tribunal". Garzón comenzó a participar en el programa "Mañaneros 360" el pasado mes de junio y, desde entonces, ha intervenido de forma esporádica en la tertulia que modera Javier Ruiz. PP y Vox, que minutan el programa al dedillo, quieren saber por qué se invitó a Garzón el 10 de junio, el mismo día que fue noticia el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo. La pregunta de los populares, aunque lleva a Garzón, es un tanto ambigua y a eso se agarra José Pablo López para una respuesta igual de difusa pero contundente en el fondo: "Dado que no cita el hecho concreto, decirle que dependerá de la sentencia del Tribunal Supremo. Dependerá de los delitos por los que se sentencia la persona. Dependerá de si la sentencia conlleva inhabilitación para que la persona en cuestión pueda ser invitada a un medio de comunicación, en este caso RTVE. Dependerá de si la condena ha sido cumplida. Dependerá de si las opiniones expresadas por las personas condenada contribuyen a potenciar principios democráticos como el pluralismo o la protección de las instituciones democráticas", explica José Pablo López. "Como principio general, en RTVE, las restricciones a la libertad de expresión, según jurisprudencia del TSJ de la Unión Europea, en tanto que la citada libertad constituye un pilar fundamental de las democracias, deben ser proporcionadas y perseguir un fin legítimo". Hay que recordar que la Fiscalía ha pedido, este mismo mes de agosto, que el Ministerio de Justicia cumpla con la reparación integral del exjuez Baltasar Garzón tras haber cumplido ya la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo en 2010 y que le supuso la suspensión de sus funciones durante 11 años. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se cumplan "las conclusiones y determinaciones de reparación integral", dispuestas en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que el Tribunal Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena de Garzón. Entre otras acciones, la Fiscalía insta a borrar sus antecedentes penales, a ejecutar una compensación...