El ciberfraude parece no tener freno. Es sin duda un reto a nivel policial y el raudal de denuncias que se presentan tienen su reflejo en la actividad judicial, principalmente en la de los órganos instructores, los que se encargan de la investigación de los delitos. Los juzgados de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra incoaron en 2024 un total de 913 procedimientos por fraudes cometidos a través de internet. Su peso es tal que acaparan de forma abrumadora la ciberdelincuencia: ya representan casi el 95% de los delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías. El resto de los comportamientos delictivos, como pueden ser las amenazas que se vierten a través de WhatsApp o en redes sociales, la pornografía infantil o la difusión de imágenes íntimas, tienen un peso mínimo, de poco más de un 5%, en comparación con este tipo de estafas que no dejan de reinventarse y que avasallan a la ciudadanía a través de correos electrónicos, SMS, wasaps o llamadas telefónicas fraudulentas.