El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para blindar el derecho de aborto en la Constitución. Las discrepancias de las dos partes de la coalición, vividas a primera hora de este martes al considerar desde Sumar que la modificación propuesta era "limitante" e "insuficiente", se han disipado con las negociaciones. "Es un día importante. Damos un paso en la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres", ha trasladado la ministra de Igualdad, que ha celebrado el primer paso para garantizar "la libertad sobre su propio cuerpo y proyecto de vida". El texto propuesto pasará ahora al Consejo de Estado, órgano consultar del Ejecutivo, y posteriormente serán las Cortes Generales las que decidirán. Se inicia el debate, el reconocimiento y la voluntad. "El Consejo de Estado tendrá que, técnicamente, concretar y aclarar y, finalmente, serán las Cortes Generales las que hagan el trabajo de incorporar un derecho que ya está sumado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", ha detallado Ana Redondo durante la rueda de prensa posterior al encuentro de Ministros. Este paso llega en un momento en el que "la ola reaccionaria nos está llevando a un retroceso y un recorte de derechos de las mujeres", algo que "el presidente del Gobierno dejó claro que no íbamos a tolerar", ha proseguido la ministra de Igualdad. Con todo, la modificación consistirá en el añadido de un apartado 4 al artículo 43 de la Carta Magna que versará lo siguiente: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de la mujer". Incumplimiento de CCAA del PP El Consejo de Ministros también ha abordado el incumplimiento de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (1/2023), que incumplen hasta tres comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Como respuesta, el Ejecutivo de coalición ha emitido un requerimiento formal contra la Comunidad de Madrid, que días atrás instaba a las mujeres a "irse a abortar a otro lado"; Baleares y Aragón. "La ley se cumple. Punto", ha espetado la ministra de Sanidad, Mónica García. Estos territorios tienen un mes para responder a este requerimiento. Si no se produce, el Gobierno tendrá dos meses para acudir a los tribunales a plantear un contencioso administrativo y "que un juez les haga cumplir la ley". Noticia en ampliación... Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes Síguenos en Google Discover