El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig , hermano del expresidente autonómico Ximo Puig, y el empresario Juan Enrique Adell Bover por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018. El magistrado considera que existen indicios suficientes de que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. Tal y como recoge la resolución que obra en poder de ABC, serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL. Así, el juez fija fianzas millonarias de 147.589,29 euros para Francis Puig y de 99.614,33 euros para Juan Enrique Adell Bover. En caso de no abonar dichas cantidades, se procederá al embargo de bienes o se requerirá a las sociedades implicadas que respondan por los importes exigidos. El juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos, antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019, como norma más beneficiosa para los reos, al establecer que la defraudación de las subvenciones debía ser superior a los 120.000 euros. El procedimiento, de número 773/2019, ha sido promovido por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAT) y por Eva Ortiz, diputada del PP y exsecretaria general del partido en la Comunidad Valenciana, actuando como acusación popular. Asimismo, señala como órgano competente para celebrar el juicio y dictar la correspondiente sentencia la Audiencia Provincial de Valencia . El auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo que relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.