Entre cuestionamientos y pancartas de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de las reformas a la Ley de Amparo, propuestas por la presidenta Claudia Sheimbaum.Al comienzo del debate, los legisladores Germán Martínez, del PAN; Alejandro Domínguez, del PRI; así como Laura Ballesteros y Gustavo de Hoyos, de MC; presentaron sendas mociones suspensivas para frenar el proyecto y devolverlo a comisiones, pero la mayoría de Morena y aliados desecharon los recursos y decidieron continuar con la discusión.Al fundamentar el dictamen, el diputado Julio César Moreno sostuvo, sin embargo, que la reforma busca devolver al amparo su sentido original para proteger los derechos, no blindar los abusos.“Fue concebido como el escudo de las y los ciudadanos frente al abuso de autoridad, pero con el paso del tiempo algunos sectores lo distorsionaron para convertirlo en una herramienta de evasión o de privilegio. Durante años vimos cómo se usaba el amparo para dilatar la justicia, frenar políticas públicas, evadir responsabilidades fiscales o proteger intereses contrarios al bien común”, putuañlizó.Enarbolando mantas con las consignas “Salvemos el amparo. No a la dictadura” y “Del amparo al desamparo”, la bancada priista, encabezada por Rubén Moreira, anticipó su voto contra las reformas, al advertir que la propuesta viene desde el poder y busca llenar las cárceles con inocentes.“De ahí viene la reforma, de la amargura de un ex presidente. Proviene de la intolerancia, porque proviene la reforma del odio por haberle cuestionado sus obras faraónicas. Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de derecho y libertades, esas que tanto odia ahora el poder. Están demoliendo la democracia mexicana, el sistema de contrapesos y la defensa de los individuos y las colectividades”, arengó.Las reformas a discusión actualizan el concepto de “interés legítimo” como condición para interponer el juicio de amparo, estableciendo que la norma, acto u omisión reclamado “deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético”.Panistas, priistas y emecistas advirtieron que dicha modificación restringirá el derecho de organizaciones a interponer recursos en materias como la protección del medio ambiente frente a actos de autoridad.Se amplían asimismo los requisitos para otorgar las suspensiones provisionales y se prevé la improcedencia de éstas para descongelar cuentas bancarias, en caso de que ello permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios para favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en lavado de dinero.Señala que en los juicios de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de normas, “en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales”.El dictamen incluye una reforma al Código Fiscal de la Federación para establecer la improcedencia del recurso de revocación contra actos administrativos orientados a exigir el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de la autoridad.LP