*Por Gerardo Aranda Orozco E xpresidente Nacional de Coparmex Hasta el día de hoy, el Estado de derecho en México ha tenido como uno de sus pilares —y ejemplo a nivel mundial— el juicio de amparo, que ha permitido a los ciudadanos, empresas, asociaciones y colectivos frenar abusos de poder y proteger sus derechos durante más de un siglo. La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada sin mayor análisis ni discusión en el Senado, ha generado un intenso debate respecto a sus efectos en los derechos ciudadanos, con posturas que advierten, por un lado, un debilitamiento de la protección frente a la autoridad y, por otro, señalan como objetivo la modernización y agilización de la justicia. De manera sintética, la opinión general entre especialistas, organizaciones de derechos humanos y la oposición política es que la reforma limita la defensa efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras que el grupo impulsor, desde su hegemonía, argumenta que busca evitar el uso “abusivo” y dilatorio del recurso. Dada la premura con que fue aprobada en el Senado y el espacio que ahora se abre en la Cámara de Diputados, conviene repasar los principales señalamientos: • Las modificaciones propuestas debilitan el juicio de amparo al limitar los efectos de las sentencias, restringir la suspensión de actos de autoridad y eliminar la posibilidad de amparos colectivos. • Las reformas permitirán el congelamiento de cuentas y la cancelación de sellos digitales sin defensa inmediata, además de imponer sanciones fiscales sin control judicial, lo que podría poner en riesgo la operación de miles de empresas. • La aprobación de la retroactividad, aun con los matices dictados desde la Presidencia, es improcedente. Es de la mayor importancia que cualquier cambio a la Ley de Amparo fortalezca el Estado de derecho, la independencia judicial y las garantías que nos protegen a todos los mexicanos. No es justo legislar con dedicatoria o a modo. En los tiempos que vivimos, México necesita instituciones sólidas y confiables para atraer inversión, generar empleo y asegurar un futuro de libertad y justicia. El juicio de amparo es un pilar del Estado de derecho que nos garantiza la seguridad jurídica. Defendamos su preservación. Columnista: Opinión del experto nacional Imágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0