Por Mariano Calderón Experto en derecho constitucional, administrativo y fiscal La reciente propuesta del gobierno mexicano de imponer aranceles a productos provenientes de países sin tratado de libre comercio —en especial a las importaciones asiáticas— ha despertado polémica, tanto en el ámbito económico como en el político. Oficialmente, la medida busca “proteger la industria nacional”, pero en los hechos parece responder más a una lógica geopolítica y recaudatoria, impulsada por las presiones que Estados Unidos ha venido ejerciendo rumbo a la revisión del T-MEC prevista para 2026. Fuentes cercanas a la Secretaría de Economía reconocen que el gobierno mexicano enfrenta la problemática de la urgencia interna de fortalecer las finanzas públicas ante la falta de una reforma fiscal integral, la cual convertiría a los aranceles en una fuente rápida de ingresos para el erario. En ese contexto, los nuevos impuestos a productos asiáticos representan una válvula de escape temporal. México importó de China bienes por más de 100 mil millones de dólares en 2024, de acuerdo con datos del Banco de México. Sin embargo, el costo económico podría ser mayor que el beneficio fiscal. El encarecimiento de insumos provenientes de Asia afectaría directamente a industrias que dependen de ellos —como la automotriz, la electrónica o la textil— y terminaría presionando la inflación, justo cuando el Banco de México busca mantenerla por debajo de 4 por ciento. Además, las empresas advierten que el alza de costos podría minar la competitividad de México frente a otros países del bloque norteamericano, un tema sensible en plena revisión del T-MEC. La lectura geopolítica es clara: EU busca que México cierre filas en su estrategia de contención a China. Pero, al mismo tiempo, utiliza la amenaza de una renegociación profunda, incluso la terminación del T-MEC como herramienta de presión. Estados Unidos pretende llegar a las rondas de revisión con ventaja, y los aranceles mexicanos a productos asiáticos son, en cierta forma, una concesión anticipada. Sin embargo, los riesgos para México son significativos. Una posición demasiado complaciente podría debilitar su margen de maniobra en la mesa de negociación. Y un exceso de medidas internas —como reformas que debilitan al Poder Judicial o eliminan órganos autónomos— generan desconfianza en inversionistas y aliados comerciales, que ven en el país señales de inseguridad jurídica y falta de certeza regulatoria. A esto se suma el listado publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en 2025, donde se señalaron más de una docena de políticas mexicanas que podrían contravenir el T-MEC, entre ellas las relacionadas con el sector energético y los subsidios a industrias estatales. Estas observaciones se convertirán en fichas de negociación en los próximos meses. El reto para México es mayúsculo: mantener el equilibrio entre satisfacer las demandas de Washington, sin perder soberanía económica ni sacrificar su estabilidad interna. Apostar por los aranceles como herramienta de negociación puede ofrecer un respiro inmediato a las finanzas públicas, pero también corre el riesgo de encarecer la producción nacional y tensar las cadenas de suministro justo en un momento en que el país busca consolidarse como destino de inversión para el nearshoring. De cara a la revisión del T-MEC, el gobierno mexicano necesita fortalecer su posición con argumentos técnicos, no con decisiones improvisadas. El mensaje hacia los socios y los inversionistas debe ser de confianza, apertura y respeto al Estado de derecho. Sólo así México podrá defender el tratado como una plataforma de crecimiento compartido y no como un campo de presiones cruzadas entre Washington y Pekín. Columnista: Columnista Invitado Nacional Imágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0