Entre los argumentos se menciona que la fijación errónea de los precios “impactó en el reconocimiento de la deuda que favorecía a las empresas eléctricas tras el congelamiento de tarifas ocurrido en 2019”; por lo que, “al calcular los montos que debían restituírseles, se emitieron validaciones de deuda erróneos que se seguirán pagando por varios años más”.