Grandes empresas y gremios insisten en que primero el Ministerio del Medio Ambiente debió dictar el reglamento para definir los sitios prioritarios, en el marco de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Advierten afectación de la propiedad privada, inseguridad jurídica e impactos económicos significativos.