En la solicitud para detener a tres imputados del caso, la Fiscalía expuso una serie de interceptaciones telefónicas -e incluso seguimientos- para atar los cabos y probar el eventual lavado de activos. En los llamados también aparece mencionado el suspendido ministro Antonio Ulloa y la fórmula para elaborar "una carta gantt" que justifique los pagos a Gonzalo Migueles.