La causa judicial abierta tras la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 atribuye a la Generalitat Valenciana la posible responsable penal de los errores en la gestión de la tragedia con 229 muertos en la provincia de Valencia. Con la normativa en la mano, la Administración autonómica estaba al mando de la crisis y tenía la obligación de proteger a la población advirtiéndola del peligro que corría. De ahí que la juez de Catarroja que instruye el procedimiento haya rechazado en multitud de ocasiones investigar a cargos del Gobierno central tras las inundaciones y sólo haya imputado a la exconsejera responsable de las emergencias Salomé Pradas y a su entonces 'número dos' Emilio Argüeso. En un plano diferente... Ver Más