La protesta sale cara. Pero también consumir cannabis u otras sustancias en la calle, grabar o fotografiar a policías, faltar al respeto a la autoridad, portar una navaja o una pistola o negarse a identificarse. Desde que la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana —popularmente conocida como ley mordaza— entró en vigor el 1 de julio de 2015, Extremadura acumula más de 68.000 sanciones. El coste: supera los 44 millones de euros. Diez años después, la norma sigue viva, intacta en sus puntos más polémicos pese a la reforma largamente prometida por el PSOE y que sigue bloqueada en el Congreso, y con una eficacia recaudatoria que solo el año pasado alcanzó en el conjunto del país 203,75 millones, según los últimos datos del Ministerio del Interior.