El 23 de mayo de 1975 se anunció el abandono del Sáhara, lo que generó un conflicto jurídico y político. El territorio, convertido en provincia por razones económicas y políticas, planteaba ahora un dilema: cómo permitir su independencia sin quebrar la unidad nacional. Era necesario ‘desprovincializarlo’, aunque eso exigía una compleja maniobra legal.