La formación de extrema derecha ha insistido en que estos espacios son de "competencia autonómica" y que el cese del centro de la pedanía murciana de Santa Cruz demuestra que el resto también pueden ser clausurados CCOO denuncia la “segregación racial” de los menores tutelados de Santa Cruz en sus nuevos centros de acogida Después de exigir el cierre del centro de menores Rosa Peña en la pedanía murciana de Santa Cruz, que también acogía a niños y niñas migrantes, a cambio de firmar los presupuestos regionales, Vox ahora ha pedido al PP su apoyo para la propuesta de clausurar todos los espacios de estas características en la Región de Murcia, cuestión que planteará este miércoles en la Asamblea: “El Partido Popular tiene la oportunidad de cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma”, ha sostenido el líder de la formación de Abascal en la Región, José Ángel Antelo. Vox ha insistido en que estos centros son de “competencia autonómica” y que el cierre del centro de Santa Cruz demuestra que el resto pueden ser clausurados también: “Si es necesario entrar en conflicto con el Gobierno nacional para defender los intereses de la Región, lo haremos”. En una convocatoria a los medios frente a un chalet en Beniaján, la formación de ultraderecha ha sostenido que el Gobierno regional planea adquirirlo para el acogimiento de menores migrantes: “No queremos que se abra ni uno más, ni en Santa Cruz, ni en Beniaján, ni en ningún lugar de la Región”, ha insistido Antelo. Esta redacción ha preguntado a la consejería murciana de Política Social sobre la moción que Vox presentará el próximo miércoles y no ha obtenido respuesta. “No volverá a suceder” El pasado julio y cuando PP y Vox aún se encontraban en mitad de las negociaciones para la firma de los presupuestos regionales, el Gobierno regional cedió ante los chantajes del partido de ultraderecha y renunció a adquirir viviendas para habilitar 385 plazas residenciales, “adaptadas al nuevo modelo de cuidados de la infancia”. “La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder”, publicó entonces en X la consejera murciana de Política Social, Conchita Ruiz, tras cancelar la compra de estos inmuebles. Ocho puntos pendientes del acuerdo El cierre del centro de Santa Cruz fue uno de los puntos que los populares aceptaron para la firma de los presupuestos con Vox. Quedan pendientes otros ocho puntos del acuerdo para sacar adelante las cuentas. Los de Abascal exigieron al Gobierno regional la puesta en marcha de “un nuevo modelo de gestión para el Parque Público Regional de Viviendas Sociales, que permita primar el uso de estas viviendas entre los ciudadanos que más las necesitan, así como la lucha contra las mafias de la ocupación que será dotado con, al menos, 1,5 millones de euros”. Por el momento, el Plan de Vivienda Asequible presentado por los populares ha sido rechazado por Vox: “Donde está el 'coliving' no está Vox”, han argumentado. Está prevista también modificar las directrices de la Ley de Suelo. También queda pendiente una reforma de la ley del Mar Menor: “Ambas partes se comprometen a desarrollar las modificaciones legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación e iniciando el procedimiento de revisión y reforma de la ley antes de octubre de 2025”, citaba el acuerdo presupuestario. Los populares se comprometieron a desarrollar una partida de 5,5 millones de euros para la firma de un nuevo Acuerdo Marco en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, que deberá formalizarse antes de acabar el año. En esta línea y con los mismos plazos, deberá licitarse el Proyecto de construcción del nuevo Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad. Además de recortar las subvenciones a sindicatos, medida que ya se ha aplicado y que en la actualidad está en manos del Constitucional , Vox también pidió la retirada de ayudas a aquellas ONG que, en palabras de los de Abascal, “colaboren o se lucren con la inmigración ilegal”. Los populares también firmaron que no aceptarán el reparto arbitrario de inmigrantes ilegales llegados a otras regiones de España, aunque hasta ahora han defendido que “cumplirán la ley” en materia de migración.