Los representantes políticos piden infraestructuras hidráulicas para evitar que los terrenos señalados como inundables sean un “obstáculo” al desarrollo económico y urbanístico del municipio Hemeroteca - Murcia, a la cabeza de las ciudades con más viviendas en zona inundable: “No hay que poner ni un ladrillo más ahí” Lorca, en la Región de Murcia, vuelve a estar en pie de guerra por el agua. Pero, esta vez, por la que cae del cielo cuando lo hace sin misericordia. En las últimas semanas, la publicación de un nuevo mapa de zonas de flujo preferente (ZFP) ha encendido a vecinos, agricultores y representantes municipales. La polémica salta con el recuerdo de la riada de San Wenceslao, en 2012, que sigue vivo. Entonces, el agua arrasó viviendas, caminos y cosechas, causando daños materiales que se valoraron en cien millones de euros. Pero, sobre todo, dejó nueve víctimas mortales. Las preguntas que hoy sobrevuelan Lorca son las mismas que cada cierto tiempo se repiten en el sureste español: ¿hemos aprendido realmente del pasado o seguimos empujando al agua fuera de su cauce natural? Y, ¿a qué coste o para preservar qué intereses? Qué son las zonas de flujo preferente En términos técnicos, las zonas de flujo preferente son los corredores naturales por los que, durante una avenida, discurre la mayor parte del caudal. En otras palabras, son las “autopistas del agua”. Cuando se ocupan o se modifican —por obras, intereses agrícolas o por la urbanización— se reduce su capacidad para desaguar y se multiplica el riesgo de que el agua busque nuevas salidas, aunque sea anegando casas, invernaderos o carreteras. Desde el punto de vista legal, las ZFP están reconocidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) las define así: “Las zonas de flujo preferente, o vías de intenso desagüe, son aquellas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas para un periodo de retorno de cien años y donde pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes”. Por eso, en las ZFP solo pueden ser autorizadas aquellas actividades que no son especialmente vulnerables frente a avenidas y que no suponen una reducción significativa de la capacidad de desagüe. Es decir: su razón de ser es proteger vidas humanas y minimizar daños en caso de riada. El conflicto local: mapas, alegaciones y desconfianza El nuevo mapa de ZFP en la cuenca del Segura afecta a unas 3.500 hectáreas en distintas pedanías lorquinas —Purias, Torrecilla, Campillo, Cazalla o La Escucha—. Según el Ayuntamiento, la cartografía “amplía en más de un 50% las zonas actualmente afectadas”. Para el alcalde del municipio, Fulgencio Gil (PP), esta medida “no sólo deja desamparados a los vecinos, sino que duplica el número de familias arruinadas”. El Consistorio, la Confederación de Empresarios de Lorca (CECLOR) y la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, han cifrado en 200 millones de euros las pérdidas económicas ligadas a la actualización de la cartografía de zonas inundables. En términos monetarios se ha expresado también el concejal de Agricultura y Ganadería, Ángel Meca: “Los vecinos necesitan protección, no una expropiación encubierta de sus terrenos y negocios.” El alcalde de Lorca y los presidentes de la patronal lorquina y la Cámara de Comercio han mostrado su oposición a las zonas de flujo preferente que plantea la CHS En el último Pleno municipal, donde están representados PSOE, Vox y la coalición Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verdes, además del PP, se aprobó por unanimidad exigir al MITECO y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la anulación de todas las declaraciones y mapas relativos a ZFP emitidos desde 2020, incluido el último, sobre el que se han presentado unas 300 alegaciones vecinales. Los representantes políticos locales piden la ejecución previa de las infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa contra Inundaciones como alternativa para que los terrenos señalados como inundables no sean un “obstáculo” al desarrollo económico y urbanístico del municipio. Desde la riada de San Wenceslao, la CHS ha invertido más de 9 millones de euros en la lucha contra inundaciones en el valle del Guadalentín. Se han construido 20 grandes diques en la cabecera de la rambla de Nogalte, y otro centenar, de dimensiones más reducidas, en la rambla del Salero y en el río Luchena, en la cabecera del pantano de Puentes de Lorca. El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, muestra el último mapa de riesgo de inundación publicado por el MITECO Sin embargo, siguen sin ejecutarse las principales obras solicitadas por los vecinos que viven en las pedanías afectadas y que el Ayuntamiento reclama a través de una campaña publicitaria que lleva el lema de “¡Presas ya! El olvido nos ahoga”, en alusión a las de Nogalte, Torrecilla y Béjar, que requerirían de una inversión pública de 196 millones de euros. Lo que dice la CHS: “Las ZFP anteponen la seguridad de las personas” En la otra orilla del conflicto, la CHS defiende la validez de los mapas y su elaboración “conforme a criterios técnicos y legales”, al tiempo que subraya la finalidad de estas zonas: preservar la estructura y funcionamiento del sistema fluvial, dotando al cauce del espacio adicional suficiente para permitir su movilidad natural, así como la laminación de caudales y de la carga sólida transportada. El organismo de cuenca asegura, además, que la definición de las ZFP no es discrecional ni urbanística, sino hidrológica y normativa, y que está derivada del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Desde la sede de la CHS insisten en que “estas delimitaciones son una herramienta de prevención y ordenación del territorio”, no una medida punitiva. Frente a quienes se quejan de que el ensanchamiento del mapa aumenta la inseguridad (jurídica y, sobre todo, económica) de quienes poseen tierras, negocios o viviendas dentro de esas franjas, la CHS, organismo dependiente del MITECO, insiste en la necesidad de restringir los usos en áreas de alta peligrosidad “que representan un riesgo elevado para la vida —y también para la propiedad— debido a la fuerza y la frecuencia del flujo de agua”. Las protestas por el AVE y la rambla de La Torrecilla Esta polémica se entrelaza con otra relacionada con las obras del AVE a su paso por Lorca. Vecinos de la pedanía de La Torrecilla han denunciado que, paradójicamente, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), está rellenando un terraplén en plena rambla, sobre el que circularán los trenes, por lo que temen que esa plataforma actúe como muro ante una riada. Vecinos de La Torrecilla, en Lorca, en protesta por las obras de construcción del AVE, que se realizan sobre un terraplén en plena rambla El presidente de la asociación vecinal de esta pedanía, Cayetano Padilla, expresa el sentir de los vecinos: “Exigimos soluciones por nuestra seguridad, y eso pasa por construir un viaducto de 200 metros de longitud sobre el cauce de la rambla que garantice un paso suficiente para avenidas como las de 2012”, que inundó aquella zona. ADIF, por su parte, ha anunciado que estudia “alternativas técnicas” para compatibilizar el trazado ferroviario con la seguridad frente a más que posibles futuras riadas. Cuando el factor humano aumenta el riesgo de inundación Los técnicos en hidráulica coinciden: estrechar o rellenar los cauces naturales multiplica el riesgo. Cada metro de rambla ganado al agua es un metro perdido de seguridad colectiva. Y las consecuencias son bien conocidas en el sureste español. La urbanización en zonas de rambla fue determinante en el dramático número de víctimas humanas que se cobró la DANA de Valencia en 2024 Episodios como la DANA de Orihuela, Alicante, en 2019 (seis fallecidos, 678 personas rescatadas y más de 4.000 evacuadas) o las trágicas inundaciones en la rambla del Poyo (Valencia) en 2024 (220 muertos) son trágicos ejemplos de cómo los cauces reducidos y urbanizados pueden convertirse en verdaderas trampas mortales. Es una cuestión de pura física: los terraplenes, muros o rellenos elevan la lámina de agua y favorecen los desbordamientos, mientras que los pasos estrechos aceleran el flujo y fuerzan desbordes laterales hacia todo lo que esté construido en sus márgenes. Las ramblas son corredores naturales de infiltración y retención, y su alteración disminuye la capacidad del suelo para absorber agua. Para muchos expertos, las defensas locales no son la solución, porque pueden salvar un terreno, pero también agravar el problema aguas abajo. Sobre cómo afecta la mano del hombre en las inundaciones, otras voces, como las de la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur), llevan años denunciando la destrucción de kilómetros de acequias mediante el entubamiento de los cauces de riego tradicionales. Entubamiento del brazal de los Calixtros de la acequia de Pitarque, en plena huerta del Esparragal y Casillas, en Murcia Su representante, Sergio Pacheco, lamenta que los cauces de riego “se sigan entubando sin piedad”, a pesar del deber de conservación al que obliga, por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. “Con estas actuaciones salvajes estamos un paso más cerca de la desertización total de Murcia y de su huerta, porque las acequias regulan el clima y, si se entuban, se convierten en meros alcantarillados sin valor”. Pero no solo se trata de pérdida de valores patrimoniales, paisajísticos y ecológicos: cada metro de acequia desaparecida bajo la tierra, sirve para ganarle terreno a la urbanización y a las plantaciones. Terrenos convenientemente aplanados que obvian la necesidad del agua de seguir su curso cuando llega el momento. Una encrucijada entre el progreso y la seguridad El caso de Lorca o el de la cada vez más exigua huerta de Murcia simbolizan un dilema que recorre toda la costa mediterránea: el equilibrio entre desarrollo urbanístico y agricultura intensiva, y la seguridad hidráulica. El urbanista murciano Francisco Martínez, especialista en ordenación del territorio, lo resume así: “El problema no es el agua, es haberle quitado el sitio. Las zonas de flujo preferente son, literalmente, el espacio vital de la seguridad.” Rambla de Nogalte, en la localidad murciana de Puerto Lumbreras, durante la riada de San Wenceslao de 2012 Y aquí la memoria de la riada de San Wenceslao pesa como advertencia. Los cauces, las ramblas y las zonas de flujo preferente son la infraestructura natural que evita que episodios extremos se conviertan en catástrofes humanas. Cambiarlos por suelos de cultivo o urbanizar en ellos es una transferencia de riesgos que, tarde o temprano, se cobra facturas muy altas en vidas, patrimonio y actividad económica. No es un capricho administrativo, es prevención basada en memoria histórica y en ciencia hidrológica; un compromiso con la vida y con el futuro de una comarca que conoce demasiado bien el dolor que subyace tras cada avenida. Y vendrán más. Entonces, como dice Damián, un anciano vecino de la pedanía lorquina de Purias, “el agua volverá a sacar sus escrituras”.