Los responsables de todas las facultades de la Complutense advierten de que el rol de ascensor social de la universidad pública; los decanos denuncian que Ayuso quiera aprobar su ley universitaria sin consensuarla con nadie y advierten de que "mercantiliza el conocimiento" Diez datos que sitúan a Madrid como la comunidad que peor trata a su universidad pública Los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han advertido este martes de que la situación del centro es “especialmente preocupante” en cuanto a la financiación que reciben. Según los responsables de las facultades de la mayor universidad del país, los recursos que maneja la UCM son “son estructuralmente insuficientes para mantener los estándares de calidad que la caracterizan, tanto en docencia como en investigación y transferencia”. La Complutense, que ha perdido 140 millones de euros en los dos últimos ejercicios , ha tenido que pedir ala Comunidad de Madrid un crédito de 34,5 millones de euros solo para poder seguir funcionando. En una carta abierta que ha enviado el rectorado (lo que da muestra de su apoyo a la misiva), los decanos sostienen que “es necesario y urgente elaborar un plan realista de financiación plurianual que garantice el nivel de excelencia que deseamos para la universidad pública”. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, es el que peor financia a sus universidades públicas. Es el único que traspasa hoy menos dinero a los centros que antes de la crisis de las hipotecas de 2008 . Los decanos recuerdan en su misiva la responsabilidad del Ejecutivo regional en la financiación de los campus y el rol de “ascensor social esencial” de la universidad pública, garante de la igualdad de oportunidades “porque ofrece una formación de alta calidad al alcance de todas las personas y convierte el mérito y el esfuerzo, y no los recursos económicos, en el verdadero criterio de acceso y progreso”. Pero con el modelo madrileño, explican, no se está cumpliendo. “El modelo actual de financiación resulta claramente insuficiente para ello, ya que no cubre los costes reales de funcionamiento, lo que plantea importantes dificultades para la sostenibilidad y calidad del sistema universitario”, señalan los decanos. La carta se publica después de haberse conocido el proyecto de presupuestos del Gobierno regional de cara al próximo año, lo que implica que la subida en financiación que recibirán las universidades será insuficiente para cubrir las necesidades de la UCM, a juicio de los decanos. Hace unas semanas el rector del centro, Joaquín Goyache, envió también una carta a la comunidad universitaria en la que, además de asegurar que se podrán pagar las nóminas (ante la creciente rumorología entre los departamentos de que la situación era tan insostenible que no estaba garantizado) informaba de que debido a la petición del crédito (para el que hay que realizar ajustes en el gasto) y las previsiones de financiación, la UCM iba a estar en economía de guerra durante tres ejercicios más. Ni el rector ni los decanos prevén que la nueva ley universtaria que prepara Ayuso vaya a resolver la situación . En su carta, los decanos critican específicamente que la presidenta Ayuso pretenda aprobar esta norma “sin haber promovido un proceso más amplio de diálogo, abierto y profundo, con quienes conforman la comunidad universitaria. Una legislación de tal trascendencia alcanza su mayor legitimidad cuando nace del consenso y la participación plural de universidades, Personal Docente e Investigador, Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, Estudiantes y sociedad en su conjunto”. Según opinan los decanos, “no tomar en consideración esta necesidad de consenso no solo debilita los principios de autonomía institucional y participación democrática, sino que también favorece un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso”. Juristas de la Universidad Carlos III de Madrid realizaron recientemente un análisis del anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) por el que concluían que el texto supone un grave ataque a la autonomía universitaria al imponer el control económico efectivo de los rectorados por parte de los presidentes de los consejos sociales de los centros, personas nombradas por Ayuso y que en este momento son excargos del PP, empresarios e incluso directivos de universidades privadas de la región, competencia directa de las públicas. Tal y como está redactada la Lesuc, adiverte este análisis, cada gasto que quiera realizar una universidad (contratar a un profesor, abrir un laboratorio) deberá ser aprobado por estas personas en lo que los juristas consideran “un asalto” . Los decanos concluyen haciendo un llamamiento público a toda la sociedad, destinataria última de los servicios y el conocimiento que se genera en la universidad. “Este manifiesto es una llamada de atención y una petición de ayuda a la sociedad madrileña: a la ciudadanía, a sus representantes políticos, a sus agentes sociales y económicos. Porque defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto”.