El interrogatorio de Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de Alberto González Amador, a José Manuel Romero , exsubdirector de El País y actual director adjunto de elDiario.es, ha sido áspero, a veces tenso. Hasta el punto de que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha llamado la atención a ambos en varias ocasiones. Pero Romero, que se encargó de la información del caso del novio de Ayuso en el diario de PRISA cuando se publicó el correo por cuya filtración se está juzgando al fiscal general, fue claro desde el principio y fue más allá que otros periodistas que ya han declarado en la causa al asegurar que la fuente que le transmitió la confesión del novio de Ayuso de dos delitos fiscales había que buscarla en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid , cuya máxima responsable es la fiscal superior Almudena Lastra, y no en Fiscalía General del Estado. Que Romero no estaba dispuesto a caer en las trampas argumentativas de Rodríguez-Ramos se ha visto desde el principio. Cuando el abogado de Amador ha inquirido insistentemente en su relación con Álvaro García Ortiz –que Romero había centrado previamente en lo profesional– y si se comunica con él por teléfono o por WhatsApp, el exsubdirector de El País ha zanjado: "El grado de relación que tengo con el fiscal general del Estado es el mismo que puedo tener, por ejemplo, con magistrados del Tribunal Supremo". Tras ese primer rifirrafe, el abogado ha tratado de reproducir parcialmente durante la vista las conversaciones y mensajes de WhatsApp que él y otros tres periodistas de El País intercambiaron el 13 de marzo de 2024 y de las que todos ellos decidieron levantar acta ante notario para tratar de demostrar que habían tenido conocimiento a la confesión del González Amador mucho antes de que el fiscal general tuviera acceso al correo que ahora le acusan de filtrar. Romero ha relatado cómo su interés periodístico en las negociaciones de conformidad de Amador se iniciaron tras la publicación por elDiario.es el 12 de marzo del contenido de la denuncia por dos delitos fiscales y falsedad documental que había presentado la Fiscalía. En ese momento, ha recordado el periodista, "contacto con distintas fuentes del caso, siempre de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid , porque la presidenta, en sus primeras declaraciones, lanzó una campaña de intoxicación informativa sobre una supuesta cacería contra ella de funcionarios de la administración de justicia y la tributaria". Fue en ese momento, según ha relatado, siempre a trompicones para evitar las tretas de Rodríguez-Ramos, que su fuente, "en legítima defensa", le dijo que no solo no era una cacería contra ella y su pareja, "sino que el abogado de González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad por el que reconoce los delitos, se apresta a pagar la cuota defraudada y la multa a cambio de una reducción de la pena para no entrar en prisión". Romero, según ha declarado, puso en marcha entonces a la sección que cubre la información de Madrid y les trasladó la información. Uno de sus redactores trató de ponerse en contacto ese mismo día con Carlos Neira, pero el abogado que había enviado la confesión al fiscal del caso, no se puso al teléfono. El antiguo subdirector señaló que él nunca tuvo el correo concreto, "pero sí su contenido con mucha precisión" . El 13 de marzo, según el testimonio de Romero, " Ayuso da una rueda de prensa en la que el nivel de mentira se elevó muchísimo ". "Dice que Hacienda le debe dinero a su novio, 600.000 euros, y empieza a cargar contra jueces, fiscales y funcionarios de la Agencia Tributaria". A las siete de la tarde, el subdirector pidió al redactor que cubre el Gobierno madrileño que preguntara a Miguel Ángel Rodríguez (MAR, jefe de gabinete de la presidenta madrileña) si lo que decía la presidenta significaba que había reconocido los delitos. "MAR siguió con las mismas mentiras", ha dicho Romero. El periodista ha contado también cómo, tras la publicación de El Mundo , él fue el primero que informó a la directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado de que, en realidad, no era como lo contaba ese medio –tituló que era la Fiscalía la que ofrecía el pacto, cuando en realidad, fue Amador– sino al revés. "Me dijo que no tenía ni idea, que estaban recopilando información", ha señalado. El abogado de Amador también le ha preguntado si alguna vez había llamado "defraudador confeso" a su cliente. Romero ha dicho que sí y se ha ofrecido a explicar por qué, pero el letrado del novio de Ayuso lo interrumpía permanentemente hasta que, al final, ha pedido permiso al tribunal para explicarlse. La respuesta ha sido demoledora: "Hemos estudiado todo el expediente tributario de Alberto González Amador y a lo largo de todo el proceso hay múltiples escritos de su abogado ante Hacienda en el que reconoce que las facturas que presentó son falsas . En otros plantea si puede regularizar. En todo momento, ante la Agencia Tributaria, reconoció el fraude. Por esa razón hablamos de él como 'defraudador confeso", ha dicho. Antes de Romero, tocó el turno a Miguel Ángel Campos , de la Cadena Ser, el primero en difundir partes textuales del corre o de cuya filtración se acusa al fiscal general. Tras relatar cómo tomó notas textuales del texto de correo en el despacho de su fuente, ha rechazado tajantemente que fuera García Ortiz quien le permitió acceder a él. Campos ha contado que recibió el chivatazo pasadas las tres de la tarde, es decir, mucho antes de que hubiera podido acceder a ese correo el fiscal general, pero que no lo publicó hasta las 23:25 porque su fuente no se lo permitió hasta entonces. Como en el caso de Romero, fueron las declaraciones de Ayuso de ese día afirmando que era Hacienda la que debía 600.000 euros a su novio y no al revés, las que excitaron la curiosidad de Campos ese día. "Le pregunto a mi fuente si era cierto que le debían dinero y me dice que no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario, que han iniciado un proceso de conformidad. Yo le pregunté si tenía pruebas de eso y me respondió: 'Sí, vente por aquí'". Campos fue el primero en difundir texto de ese correo que contenía la confesión de Amador. "Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", escribía su abogado Carlos Neira, al fiscal del caso, Julián Salto. Terminada su jornada laboral, cuando le informaron desde la radio de la información de El Mundo que decía que era el fiscal quien intentó llegar a un pacto, les dijo que no era cierto. El periodista volvió a llamar a su fuente hasta que, hacia las 23 horas, le dio permiso para publicar la información. Por último, Campos reiteró lo que ya había dicho en la primera sesión del juicio la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que desde el 2 de febrero hasta el día de su noticia (13 de marzo), el correo tuvo que pasar por decenas de manos al haber llegado a un correo genérico de la Fiscalía y a otro de la Abogacía del Estado. "¿Quién puede garantizar que en ese tiempo ese correo no ha sido enviado, reenviado y vuelto a enviar a múltiples personas?", se ha preguntado.