La asociación que denunció los fallos en los cribados no se cree las cifras a la baja de casos que da el Gobierno andaluz, al que acusa de imponerle un acuerdo de confidencialidad para asistir a las reuniones Moreno da por superada la crisis de los cribados y espolea al PP andaluz para que defienda su gestión sanitaria "sin complejos" Doce días. Eso es lo que ha durado la tregua entre el Gobierno andaluz y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) , que denunció los fallos en los cribados y que ahora vuelve a cargar contra la Junta tras el aparente entendimiento de la reunión el pasado 29 de octubre con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Ahora, además de anunciar que ya se han presentado 25 reclamaciones patrimoniales por estos casos, acusa al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno de intentar silenciarlas: “Nos quieren calladitas y sumisas”. La acusación la ha hecho este martes la presidenta de Amama, Ángela Claverol, y el detonante ha sido la segunda reunión este lunes de la Comisión de Cribado de Cáncer de Mama creada tras desatarse la polémica. En la misma, asegura que la obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre lo que se iba a abordar “y después me entero de que fui la única” a la que se le impuso esta condición. Cuestionada al respecto, la Consejería de Sanidad no ha facilitado hasta el momento su versión de los hechos. A esto se une que el PP ha impedido la comparecencia de Amama en el Parlamento andaluz, como habían reclamado los partidos de izquierda para este miércoles, lo que llevó a Claverol a levantarse de la reunión. “¿Yo a qué vengo aquí?”, se preguntó en ese momento, pidiéndole explicaciones al consejero que, señala, se limitó a decir que no sabía nada y que él no había exigido esa petición de confidencialidad. “Es igual que Moreno Bonilla, no se entera de lo que hacen los demás”, ha ironizado este martes ante los medios de comunicación. “He perdido la fe en la política” Así que los puentes entre ambas partes están ahora quemados, pese a que la nueva delegada de Sanidad, Silvia Pozo, ha telefoneado este mismo martes a la presidenta de Amama para intentar reconducir la cuestión y asegurarle que esa obligación de confidencialidad viene impuesta por ley. “Todo esto no tiene ni nombre, me ha fallado la confianza que me ofreció”, le ha reprochado a Antonio Sanz, además de criticar que “no se respeta” a la asociación de afectadas. “El único afán de la Junta es callarme”, ha apostillado, algo que ha descartado porque “las mujeres andaluzas no se pueden permitir el lujo de que estemos calladas” y pese a que “he perdido la fe en la política”. “Yo hablo de mujeres y de casos”, ha reiterado para insistir que no busca hacer política, que su único afán es que “no se mueran las mujeres” afectadas y que le da igual si la solución viene de la mano de Vox o de IU. Claverol ha confirmado que este lunes tuvo una reunión –que el PSOE ni convocó y de la que no informó– con la vicepresidenta primera y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que mostró “una sensibilidad muy bonita”. En paralelo, ha acusado al Gobierno andaluz de “dinamitar” toda relación, actuando “de forma torpe” y haciendo “la pelota cada vez más grande”. No queda ahí la cosa, ya que achaca a la Junta “violencia institucional”, y se pregunta “qué tendrá que esconder para callarnos o vetarnos”. Discrepancias con las cifras Otro de los elementos de fricción es el de mujeres afectadas, después de que este lunes la Consejería de Sanidad asegurase que ya sólo quedan 217 por hacerse una nueva mamografía de las 2.317 en que cifra el total de afectadas. Amama no se cree estas cifras, ya que asegura tener controlados más de 4.000 casos “y todos los días siguen saliendo”. Hasta la fecha, ya se han interpuesto ante la Fiscalía 25 reclamaciones patrimoniales, de mujeres afectadas por los fallos en los cribados que con posterioridad han desarrollado cáncer de mama. Y aunque Amama se centra en Sevilla, donde se han registrado la mayoría de incidencias, la asociación va a iniciar ahora una gira por el resto de provincias andaluzas para atender a las afectadas y asumir sus denuncias.