El nuevo estatuto manchego, una 'rara avis' de consenso entre el PP y el PSOE y otro frente entre las derechas

El Congreso sorprende cada día. Y en la política española hay cauces que se abren sin que tengan muchos precedentes durante esta legislatura. Una nueva rara avis acaba de arrancar su tramitación en la Carrera de San Jerónimo con una composición de apoyos no muy usual. El Estatuto de Castilla-La Mancha se adentra en su fase de debate y enmiendas con un respaldo conjunto del PSOE y del PP y con un rotundo ‘no’ de Vox, que busca asociar a los populares con los socialistas en su carrera por la hegemonía de las derechas. La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha (el actual data de 1982) pasó el primer corte este martes con la unión de sus votos del PSOE y del PP, que ya unieron sus posiciones previamente en las Cortes autonómicas. En cambio, la ultraderecha decidió poner el muro del ‘no’ desde la primera votación en la Cámara Baja. Ahora el texto se enfrenta a la fase de Ponencia y de Comisión para su posterior paso definitivo al Pleno. El hecho de que el texto llegue con el apoyo mayoritario entre el PP y el PSOE supone todo un oasis en mitad de un polarizado Congreso, donde las mayorías son muy vaporosas cada semana en el Pleno y donde supone un milagro casi ver en la pantalla una masa verde imponente de más de 250 correspondientes a populares y socialistas. Ese caminar conjunto, además, se produce en mitad de un clima de absoluta crispación en un país marcado en estos momentos por el choque total entre el Palacio de La Moncloa y la calle Génova 13, sin ningún tipo de comunicación entre el presidente, Pedro Sánchez , y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo . Son contados los momentos en los que han caminado de la mano: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la aprobación de la ley ELA y la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar la palabra disminuido. El consenso llega ya hilvanado desde el Parlamento autonómico, donde el PSOE cuenta con mayoría absoluta y donde el PP ha querido también subirse al carro con el argumento de mejorar los servicios de la comunidad y de defensa de la autonomía. Vox, en cambio, lleva haciendo oposición al texto desde que se tramitó en las Cortes regionales. Y se da la circunstancia de que esta reforma está capitaneada por Emiliano García-Page , el barón más crítico con Pedro Sánchez y un político que mantiene lazos de contacto con algunos de sus homólogos populares. El texto que tiene en sus manos ahora el Congreso incluye nuevos derechos como de acceso en condiciones de igualdad a las tecnologías de la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación y el derecho al agua, a la sostenibilidad del medio ambiente y a la preservación del entorno natural. También blinda este nuevo Estatuto los servicios públicos como la sanidad y la educación y reconoce el derecho a la vivienda, Incluye la garantía efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política y se compromete en la lucha contra la violencia machista. En la redacción propuesta a la Cámara Baja se contemplan medidas contra la despoblación y a favor de la cohesión territorial, además de iniciativas para hacer frente al cambio climático y regular competencias en materia de inteligencia artificial. Pero el texto ha supuesto también una nueva vía para Vox dentro de su competición abierta con el PP para lograr la hegemonía dentro de las derechas y para ensalzar su discurso contra las autonomías y a favor del centralismo . De esta manera, la ultraderecha quiere asociar la imagen al PP con el “PSOE azul” y remarcar un relato antibipartidista , que cale entre los votantes más antisistema. Este nuevo frente entre Vox y el PP llega además en un momento crucial para las derechas, que se encuentran en plena negociación en la Comunidad Valenciana para atar una nueva investidura después de la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana. Los populares se preparan para fuertes exigencias de los de Santiago Abascal, que miran especialmente a materias como la lucha contra el cambio climático y las políticas migratorias. A los diputados del Partido Popular se les notó especialmente incómodos en el Congreso durante la intervención en la tribuna del representante de Vox en el debate sobre el nuevo Estatuto, Guillermo Mariscal, hombre de la máxima confianza de Santiago Abascal y principal ideólogo de la ultraderecha española en temas de redes sociales. Vox lleva tiempo enarbolando ese discurso contra el bipartidismo y ha encontrado en esta reforma su espacio, como subrayó Mariscal: “Hay muchos españoles abandonados por el bipartidismo. Cada vez más. Son mentiras y traiciones del PP y del PSOE. El bipartidismo utiliza las instituciones para servirse a ellos mismos y no al conjunto del pueblo español. Son estafadores y timadores que se disfrazan de políticos y vienen como a un teatro de vanidades. Es lo que hemos visto hoy”. “Page y Núñez (líder del PP en Castilla-La Mancha) han venido juntos de la mano, con su séquito, y han traído un documento como si fuera un pacto histórico para poner fin a los males de la región. Utilizan el Congreso como escenario de esta nueva estafa. Es una farsa donde ganan siempre los mismos”, lanzó Mariscal desde la tribunal, en un momento muy dulce en las encuestas para la ultraderecha, que todavía no ha tocado techo en los estudios demoscópicos. El Partido Popular trata de navegar las críticas de Vox en un momento en el que incluso Santiago Abascal sueña con el sorpasso a Génova 13. Los populares buscan superar este debate con una cal de arena y otra de arena. La consigna, como se pudo comprobar en la intervención del diputado Enrique Belda (PP), es pedir a Vox que se incorpore al debate durante estas semanas y puedan plantear enmiendas al texto, El PP califica este consenso con el PSOE como una “entente cordial” puntual y con el argumento de que es necesario ponerse de acuerdo en la “norma fundamental básica de Castilla-La Mancha”: “Un armazón jurídico”. El diputado popular subrayó que no se trata de una “política de conchabeo” con Pedro Sánchez.