El Tribunal Supremo ha ratificado en una sentencia con fecha de 16 de octubre la condena de un marinero alumno de la Escuela de Especialidades de la Armada 'Antonio de Escaño' de Ferrol por agresión sexual a una compañera. La sentencia establece la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa en el pago de la indemnización a la víctima por considerar que fuera de las instalaciones de la escuela los alumnos siguen ligados "al ejercicio de sus funciones" y "todo aquello que realicen durante el período de descanso, aun en el exterior de las instalaciones del centro docente, lo harán estando de servicio". Los hechos ocurrieron a comienzos de 2023 y la sentencia es la tercera del Supremo en dos años por delitos similares cometidos por otros condenados también contra compañeras a principios y finales de 2021, respectivamente. En todos los casos la justicia estableció la responsabilidad subsidiaria del Estado. La sentencia del Supremo, ahora hecha pública, ratifica como hechos probados que el marinero condenado mantenía una relación de amistad con una compañera cuando a comienzos de 2023 intentó que pasara a más sin que ella así lo quisiera. En ese momento el marinero comenzó a ser "insistente y reiterativo en sus comunicaciones telefónicas", y encontrándose con un grupo de compañeros en un bar le tocó las nalgas "en repetidas ocasiones" . La víctima se marchó del local, pero el hombre volvió a coincidir con ella y de manera agresiva le dijo "hija de puta, te voy a matar" , ante lo que otros marineros la acompañaron a su casa. En meses posteriores, el condenado se dirigió también a la pareja de la víctima con expresiones ofensivas . Por estos hechos, el hombre fue condenado por delitos de agresión sexual y coacción, primero por el Tribunal Militar Territorial de A Coruña el 12 de febrero de 2025, sentencia que ahora ratifica el Tribunal Supremo. La condena, de dos años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones , incluye una indemnización por daño moral de 5.000 euros con responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa. Antes de esta sentencia, el 19 de junio de 2023 el Supremo ratificó otra condena por abuso sexual de otro marinero de la misma escuela, Antonio Escaño de Ferrol, por hechos cometidos contra otra compañera en octubre de 2021. La sentencia recién publicada hace referencia a la sentencia anterior para justificar que el Ministerio de Defensa sea considerado responsable civil subsidiario por considerar que fuera de las instalaciones los alumnos también cumplen funciones militares . En el caso anterior, los hechos probados señalaron que, tras consumir alcohol en un local con otros compañeros, el hombre llevó a la víctima a su casa. Allí tuvo con ella "sin su consentimiento", por su "profunda embriaguez", "un acceso carnal, teniéndola a su merced, consistente en penetración vaginal" . Por esos hechos, el hombre fue condenado primero por el Tribunal Militar de A Coruña el 1 de diciembre de 2022, sentencia que el Supremo ratificó en junio de 2023. En cuyo caso, además de siete años de cárcel , fue establecida una indemnización de 25.000 euros con responsabilidad subsidiaria del Estado. Pero el Supremo ya se había pronunciado también sobre un tercer caso, ratificando el 11 de mayo de 2023 otra condena por agresión sexual de un sargento alumno de tercer curso por violar a una subordinada de primer curso en las propias instalaciones del centro militar en mayo de 2021. En aquella ocasión, el agresor y la agredida habían iniciado por mutua voluntad un encuentro sexual en un salón común de la escuela militar. Hasta que otro compañero entró en la sala a recoger un ordenador y los interrumpió, momento en el que la víctima "decide poner fin al encuentro". Pero el agresor "no acepta la negativa" y "contra su voluntad, es penetrada vaginalmente" . Después el agresor le envió un mensaje amenazante: “Entérate mañana, más te conviene no decir nada, cuanto menos sepa la gente mejor” . Por esos hechos, el hombre fue condenado a siete años de cadena, primero por el Tribunal Militar de A Coruña el 17 de junio de 2022, sentencia que el Supremo ratificó en mayo de 2023. En aquella ocasión, también se estableció una indemnización de 30.000 euros con responsabilidad civil subsidiaria del Estado .