Varias iniciativas en el Parlament y en el Ayuntamiento de Barcelona reclaman que en las zonas de alquiler tensionado no puedan adquirirse pisos que no tengan como destino ser residencia habitual El abogado que defiende prohibir la compra especulativa de pisos: “La Administración está obligada a actuar” Todo comenzó con un informe jurídico. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, una entidad que reúne al Ayuntamiento de la capital catalana y a diferentes organizaciones sociales y empresariales de la ciudad, encargó al abogado Pablo Feu un estudio sobre la viabilidad de prohibir o limitar la compra de pisos que tuvieran un objetivo diferente de ser vivienda habitual del comprador. El dictamen que seis meses después entregó el experto fue un bombazo, ya que el jurista no solo argumentaba que la prohibición era constitucional, sino que era una obligación de las administraciones intervenir en el mercado para subsanar la infracción en materia de urbanismo que generan los precios disparados de la vivienda. Según el informe, el marco legal vigente permite el veto a estas adquisiciones llamadas especulativas, es decir, cuando la intención del comprador no es vivir en su nueva propiedad, sino alquilarla o revenderla a un precio más elevado. Desde que el informe se hizo público, el pasado 10 de obtubre, en Catalunya ha prendido el debate sobre la limitación de las compras especulativas de casas. Primero fue la CUP quién preguntó a Salvador Illa en el Parlament por la cuestión, a lo que el president aseguró que era una vía que “estudiaban”. Con todo, posteriormente restó importancia a este anuncio al asegurar que su gobierno examina con detalle cualquier solución que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda. Los Comuns recogieron entonces el guante y convirtieron esta medida en su nuevo talismán, con un tridente de medidas en otros tantos niveles: Barcelona, Catalunya y también, como propuesta a estudiar, en el seno del Gobierno. De las tres, la iniciativa del partido de Ernest Urtasun con más recorrido fue la proposición de ley que registraron en el Parlament. El texto planteado introduciría varias modificaciones en la ley catalana de urbanismo, de 2010, entre ellas la obligación de que toda vivienda comprada dentro de las zonas tensionadas según la ley de vivienda deban destinarse a la vivienda habitual del propio comprador, de un familiar de segundo grado del comprador, o a alquiler de residencia habitual para el inquilino, que estaría sujeta al límite de precios marcada por la ley. La misma obligación tendría la persona, física o jurídica, que compre un bloque entero de pisos, que tendría la obligación de destinar todas las viviendas contenidas en el edificio a alquiler de residencia habitual, siempre a precios regulados. Estos contratos de alquiler deberían además formalizarse dentro de los siguientes 12 meses desde la adquisición. Según la iniciativa de los Comuns, sí estaría permitido de forma excepcional la compra de una segunda vivienda dentro de una zona tensionada, siempre que esta no esté en el mismo municipio que la casa principal del comprador. Una de las claves de esta regulación es que está sujeta siempre a las zonas tensionadas, lo que la hace temporal y también acotada en el territorio, puesto que se aplica por municipios. De esta forma, entienden los juristas que la defienden, no interferiría en el derecho a la propiedad ni lo haría irreconocible. Esta propuesta en el Parlament se suma al rosario de iniciativas que los Comuns y, en general, el conjunto de los partidos de izquierdas, negocian con el Govern sobre la vivienda. En estos momentos está en trámite una proposición de ley que sería pionera en España para introducir el alquiler temporal dentro de la regulación de precios, algo que la ley de vivienda estatal dejó fuera de su articulado de forma deliberada. Por el momento, Junts y el PP la han llevado al órgano de garantías del Parlament, por lo que está a la espera de dictamen. Junto a los Comuns, ERC también ha movido ficha en el Parlament. Este martes, la formación de Oriol Junqueras reclamó oficialmente al Govern informar sobre el estudio que el president dijo que había encargado. Además, ERC reclamó al Govern presentar a lo largo de 2026 una ley para regular la compra de vivienda. Una iniciativa que parece convergente con la propuesta de los Comuns. Quienes no se han abstenido de entrar en el debate han sido los actores del sector inmobiliario, alarmados por una medida que restringe su margen de maniobra en la compraventa de inmuebles. En un comunicado firmado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), la de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, alegaron que la medida sí hace “irreconocible” el derecho a la propiedad, que es “desproporcionada” y que contribuiría a agravar los actuales problemas de acceso a la vivienda. La limitación de compras de vivienda al uso residencial del nuevo propietario también ha calado en el Ayuntamiento de Barcelona. En primer lugar, el plenario municipal aprobó, a propuesta de los Comuns y con votos de PSC y ERC, desarrollar los “instrumentos urbanísticos” necesarios para regular estas transacciones en un plazo de seis meses. En plenas negociaciones para los Presupuestos de 2022, el grupo que lidera Janet Sanz en el consistorio lo ha fijado como condición para su aval. Por otro lado, el Ayuntamiento también aprobó este mismo miércoles crear una comisión de estudio para analizar cómo impedir esta especulación. Liderada la propuesta por ERC, contó con el sí del PSC pero la abstención de los Comuns, que se mostraron contrariados al considerar que ralentiza la medida. Con todo, durante la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad en la que se debatió, el teniente de alcaldía responsable de Vivienda, Jordi Valls, reconoció: “El debate sobre la compra especulativa ha venido para quedarse”.