La mayoría de la Junta de Personal Docente de Cantabria ha registrado formalmente una propuesta de acuerdo dirigida al Gobierno de Cantabria. La iniciativa busca poner fin al conflicto educativo que se prolonga desde hace más de dos años y desbloquear las negociaciones, actualmente estancadas. Los sindicatos han mostrado su disposición al acuerdo aceptando una de las exigencias del consejero de Educación, Sergio Silva: aumentar hasta 150 horas la formación necesaria para el cobro de sexenios. Sin embargo, han advertido que esta concesión, que convertiría a los docentes cántabros en "con diferencia, el colectivo que más formado va a estar de todo el territorio nacional", tiene fecha de caducidad. La mayoría sindical ha anunciado que el plazo para aceptar esta condición expira en una semana. Si el Gobierno no retoma la negociación, la propuesta de formación se reducirá a 120 horas, equiparándose a la comunidad autónoma con más horas exigidas actualmente, frente a las 100 de la mayoría de regiones. "Esta propuesta no va a ser eterna", han sentenciado. El principal obstáculo para el acuerdo es la conocida como 'cláusula Silva'. Los sindicatos consideran "inaceptable e insólito" que el consejero condicione los tramos de la adecuación salarial de los años 2026 a 2029 a la aprobación de los Presupuestos de Cantabria. Advierten que incluir el primer tramo en los presupuestos de forma unilateral no soluciona el conflicto, sino que lo pospone. Para superar este bloqueo, la propuesta registrada sustituye la polémica cláusula por la misma redacción que el Gobierno utilizó para firmar el acuerdo de adecuación salarial en el ámbito sanitario. "Los docentes no somos rehenes políticos", han declarado, exigiendo que se retire una condición que consideran discriminatoria frente a otros empleados públicos. Las movilizaciones continuarán hasta lograr la recuperación del poder adquisitivo perdido en 17 años, la extensión de la bajada de ratios en todos los niveles y la reducción de la burocracia. En este sentido, han convocado una concentración el próximo lunes 24 de noviembre ante el Parlamento de Cantabria. Paralelamente, dentro de la iniciativa "Miércoles Verde", la junta de personal ha retomado una campaña para exigir un marco legal que regule las actividades extraescolares. Denuncian que, nueve meses después de un incidente con un vuelo, los profesores siguen en un "limbo legal" sin dietas ni una normativa que contemple la responsabilidad que asumen.