El Ministerio de Transición Ecológica quita peso a la votación de este viernes en el Senado de la ratificación de la Ley de Movilidad Sostenible , en la que el PP ha colado una enmienda que modifica la legislación sobre el cierre nuclear. En apariencia, este cambio de última hora amenaza una de las principales iniciativas de la exministra Teresa Ribera, el progresivo cierre de los siete reactores que funcionan en España , pero los técnicos de este ministerio consideran que la enmienda "no introduce cambios relevantes" ni garantiza la supervivencia de las centrales . Las tres centrales nucleares españolas que deben cerrar antes de 2031 –Almaraz (unidades I y II), Asco I y Cofrentes– recibieron en los últimos años una última prolongación de su vida útil en la que queda por escrito que, una vez caducado este permiso, se procederá al "cese definitivo de explotación" . Sin embargo, aprovechando su mayoría en el Senado, el PP introdujo la semana pasada una enmienda sobre la Ley de Movilidad Sostenible que elimina del texto esa coletilla final. De esta manera, se abre la puerta a que ninguno de los reactores tenga que cerrar, pero el Gobierno cree que se trata simplemente de un cambio semántico. Los técnicos del ministerio inciden en que en las últimas semanas ha quedado patente que el Gobierno no tiene problema en renegociar el cierre de las centrales si así lo solicitan las eléctricas, por lo que ese "cierre definitivo" está supeditado a los planes de negocio de las energéticas y a la valoración final del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). "Los titulares [de las centrales] han presentado su solicitud hace varias semanas, sin necesidad de que se modificara la orden ministerial. La enmienda intenta generar la falsa idea de que se ha conseguido revertir el carácter definitivo de cierre de las centrales al quitarlo de las órdenes ministeriales, pero no es así", explican fuentes de Transición Ecológica. En concreto, la enmienda permite a las compañías (Iberdrola, Endesa y Naturgy) solicitar una nueva renovación de funcionamiento 18 meses antes de que caduque el permiso de operación de esas tres centrales, y concreta la documentación que deberán aportar en la petición. Estos cambios reescribirán las órdenes ministeriales que regulan la explotación de cada una de las tres centrales. " En definitiva, lo único que se consigue con esta enmienda es crear inseguridad jurídica e introducir ruido y confusión en unos procedimientos que tienen como único objetivo garantizar la seguridad nuclear frente a las radiaciones", subrayan desde el ministerio. También recuerdan que hace apenas dos semanas han recibido una carta de las tres propietarias de la central de Almaraz (Cáceres) para posponer su clausura hasta 2030 , y la decisión está ahora en manos del CSN. Aunque el fondo de las órdenes ministeriales no varían con la propuesta, las enmiendas populares sí que introducen algunos cambios técnicos. Por ejemplo, que la petición de extensión de vida debe llegar 18 meses antes de que caduque el permiso de operación, mientras que en la actualidad no hay plazos concretos. Simplemente tiene que mandarse la carta y la documentación con el tiempo suficiente para que el CSN pueda elaborar un informe de respuesta y lo publique dos meses antes de la fecha de cierre del reactor. La Ley de Movilidad Sostenible está garantizada, pero este jueves se votan en el Senado las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, entre ellas la del cierre nuclear, y todo apunta que esta saldrá adelante con el apoyo de Junts y ERC . Estos dos partidos son en principio favorables a posponer la vida de las centrales para garantizar la fortaleza de su polo industrial de Tarragona, donde se ubican los reactores Ascó (I y II) y Vandellós II , que en teoría se apagarán en 2030, 2032 y 2035. En febrero, ya apoyaron una propuesta no de ley del Congreso que pedía revisar el calendario nuclear. Los populares aprovecharon la semana pasada su mayoría en la Cámara Alta para introducir estos cambios en una ley centrada en el transporte que regula sus emisiones, impulsa los primeros planes de movilidad sostenible para las empresas y abre la puerta a abordar la pobreza del transporte y a rehacer el sistema de etiquetas de vehículos. El argumento del PP es que si la normativa habla de reducir la contaminación en las carreteras, "continuar con la contribución de la energía nuclear en el mix energético que facilite la movilidad y transporte sostenible, parece lo más adecuado".