La familia de Sandra Peña, la niña que se quitó la vida a raíz del acoso escolar que sufría por algunas de sus compañeras, y cuyo caso ha recaído en la Fiscalía de Menores de Sevilla , pidió este miércoles la mayor sanción administrativa posible para el colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la niña. El tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar , atendía a los numerosos medios de comunicación presentes en la puerta de la Fiscalía para valorar las declaraciones del pasado lunes de la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo, quien afirmaba que, a nivel administrativo, el caso se encuentra, a la espera de que la Fiscalía determine sus conclusiones sobre el mismo, en la denominada comisión de conciliación para determinar el grado de incumplimiento del centro. «Nos hemos enterado que hay una comisión de conciliación por parte de la Junta de Andalucía para analizar el caso. La familia se ha sentido arropada por la Junta de Andalucía, por la consejería y muy especialmente por el Defensor del Pueblo, y lo que nosotros esperamos es que la Junta sea contundente y pensamos que la decisión que se tome no sea otra que una sanción alta porque los errores que ha habido en el centro han provocado que mi sobrina tomara esa decisión de quitarse la vida», indicó Isaac Villar. El tío de Sandra acompañó a los padres a las dependencias de la Fiscalía de Menores, sita en la avenida de la Buhaira, donde acudieron los progenitores para responder a las cuestiones de la fiscal sobre el acoso que recibía la niña. Fue una larga comparecencia ya que entraron en las instalaciones a las 9.30 horas y no salieron hasta cuatro horas más tarde , tras comparecer primero la madre y luego el padre de Sandra, quienes acudieron junto al abogado de la familia. Preguntado por cómo se encontraban los padres, Isaac Villar señalaba que «nerviosos porque van a tener que recordar todo lo acontecido en las últimas semanas», a la par que desveló que el centro educativo no se ha puesto en contacto con ellos, y que «no ha habido ningún encuentro ni nada» por parte de las Irlandesas de Loreto. Valoró el portavoz de la familia el posible resultado de la comisión de seguimiento que la Junta de Andalucía está llevando a cabo con el caso, de la que saldrá con toda seguridad la sanción que recaerá en el centro educativo por sus fallos en el protocolo de actuación contra el acoso que debieron activar al conocer el caso de bullying sobre Sandra. «A nosotros, ya la sanción que le pongan no nos va a reparar el daño causado , no lo vamos a recuperar en la vida» señaló un Isaac Villar que sentenció que «esto lo hacemos para que esto no se repita en el futuro ». A su salida de la Fiscalía no quisieron hacer declaraciones, dejando todo en manos de los juzgados en un tema tan espinoso que implica a menores de edad. Cabe recordar que esta comisión de seguimiento está formada por un representante de Educación, un representante del centro educativo y otro del consejo escolar, y tiene como objetivo ver qué ha pasado, qué medidas se han adoptado y el alcance de la responsabilidad de las actuaciones que se han llevado a cabo o no en el caso. La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo , señaló el pasado lunes en sala de prensa que «en función de esa comisión y lo que se concluya», se determinará si la falta que cometió las Irlandesas se califica como leve, que conllevaría un apercibimiento; grave, que puede conllevar una sanción de tipo económico en el marco del concierto, o muy grave, que implicaría la retirada del concierto al centro. Por parte del centro también acudieron a declarar el director del mismo, la jefa de estudios y la tutora, que lo hicieron en calidad de testigos y no quisieron hacer ningún comentario ante los medios de comunicación presentes. En el centro confían en que no recaiga sobre ellos la sanción más grave, quitarle el concierto, algo que obligaría a la Junta de Andalucía a plantear una alternativa a las más de 700 familias del centro, ya que la privación del concierto obligaría al colegio a convertirse de pleno en un centro privado y a autofinanciarse sin ayuda pública, lo que derivaría en cuotas económicas para las familias que en muchos casos no podrían afrontar. Esto, a su vez, derivaría en la salida de muchos de estos alumnos que deberían reubicarse en centros educativos de la zona, con las plazas más que ajustadas en sus distintas líneas.