Carmen, una vecina de San Javier, Murcia, ha decidido iniciar una huelga de hambre frente al Ayuntamiento para denunciar la situación de inquiokupación que sufre desde hace meses. La mujer asegura vivir una auténtica pesadilla tras ser agredida, amenazada e incluso ver cómo su casa fue presuntamente incendiada. Carmen explica que el calvario empezó el 18 de febrero, cuando alquiló su vivienda a una persona que solo pagó el primer mes —500 euros— y nunca entregó la fianza. “Me pagó 500 euros el primer mes, no me dio la fianza y en febrero dejó de pagar”, relata. Desde entonces, su vida se ha convertido en un continuo enfrentamiento con la inquilina, a quien acusa de haberla agredido en cinco ocasiones. “Lo primero que hizo fue amenazarme de muerte, y está recogido en las cámaras de seguridad”, denuncia. Según su testimonio, la mujer llegó acompañada por personas encapuchadas y profirió graves insultos y amenazas: “La puta vieja esta la voy a matar”, asegura que llegó a escuchar. La tensión ha ido en aumento con el paso de los meses. Carmen sostiene que la vivienda donde residía fue incendiada y señala como responsables a los mismos individuos que la vienen acosando: “Presuntamente la han quemado, porque son los que me están dando problemas desde febrero”. A las agresiones y amenazas se suma el miedo constante y la falta de respuesta institucional. “Estoy desprotegida, necesito protección, porque estoy amenazada por dos personas diferentes: la inquilina y la empresa Desokupa”, denuncia. Carmen asegura haber solicitado una orden de alejamiento, pero afirma no haber recibido ninguna comunicación: “Hace dos semanas la pedí y no sé nada de nadie”. Desesperada por la falta de soluciones, Carmen ha optado por una medida extrema: una huelga de hambre frente al consistorio de su localidad. “He tomado esta decisión porque ya nada más me queda esto”, confiesa. La víctima critica duramente la falta de actuación de las autoridades y la lentitud de la justicia: “Aquí estamos todos desprotegidos, ni la Guardia Civil hace nada ni el juzgado deja de retrasar los procesos”. Además, reclama al Ejecutivo que modifique la normativa que, según ella, favorece a los okupas: “Este Gobierno lo único que está haciendo es fomentar la delincuencia. Cada vez hay más delincuentes”. Carmen asegura que le han comunicado que su caso podría tardar entre cuatro y cinco años en resolverse, mientras ella continúa en la calle. “Estoy desesperada, solo quiero que se haga justicia”, concluye.