El ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) lleva meses negándose a publicar las intervenciones de los vecinos y levantar acta escrita de sus preguntas, así como de las respuestas del equipo de gobierno, una práctica que supone una vulneración flagrante del Reglamento de Participación de 2018, tal y como ha dejado patente el Defensor del Pueblo en una resolución a la que ha tenido acceso ElPlural.com. El organismo que vela por los intereses de la ciudadanía se ha pronunciado en detrimento de la decisión gubernamental y en favor de una denuncia presentada por Más Madrid, a que también ha podido leer este periódico. En ella, el partido progresista alude a una palpable falta de transparencia por parte de la ejecutiva municipal, un modus operandi habitual en la Asamblea de la Comunidad con el "rodillo" -así lo definen en la izquierda- de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, en lo que respecta a la localidad, la institución del pueblo constata que el gobierno local vulnera la normativa vigente al negarse a registrar las palabras de la ciudadanía. Deja claro, pues, que las reclamaciones del partido que a nivel regional capitanea Manuela Bergerot se encuentran plenamente justificados y emplaza al cumplimiento del artículo 4.2.c del mencionado documento. "Ha mentido a todos" Mariano Cañas, concejal de la formación evidencia que "durante varios meses el PP y la alcaldesa -Rocío García- han mentido a los vecinos, asegurando que el reglamento no permite haber públicas las intervenciones". "El Defensor del Pueblo confirma que esto es falso y que se han vulnerado derechos básicos de participación y transparencia", añade. El informe desmonta, además, la justificación de los 'populares' de Alcobendas al defender prácticamente que, al mostrar el audio -amparándose en una cuestión de ligereza y de protección de datos- no era necesario el texto. "Este señalamiento demuestra lo que llevamos tiempo denunciando, que el PP no solo ha intentado silenciar a los vecinos, sino que se excusaron en el reglamento para no cumplir, cuando es el que les obliga", apuntala la concejala, que acaba exigiendo a la regidora la rectificación y el cumplimiento inmediato de la ley: "La participación ciudadana no se censura". Ayuso, abonada a la censura El caso que concierne a estas líneas se corresponde con un territorio muy concreto, pero el modus operandi es perfectamente extrapolable a otros espacios de la comunidad autónoma y al gobierno de la región en sí mismo. Uno de los últimos ejemplos de ello es el correspondiente a Madrid Network, lo que pasa es que aquí el gobierno de Ayuso lo tiene difícil en tanto en cuanto ya hay resolución judicial de por medio. En este sentido, la presidenta madrileña recurrió al Tribunal Supremo la decisión de un periodista pidiendo la información relativa al chiringuito, otrora agencia de colocación que nació en época de Esperanza Aguirre. La firma solamente ha devuelto 15 millones de euros de los cerca de 80 que esta entidad concedió al bufete de uno de los hombres fuertes de José María Aznar y, sobre todo, Mariano Rajoy, Cristóbal...