Mås de diez aùos despuÊs de que estallara la Operación Púnica, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que permite reconstruir con precisión cómo se articuló una de las mayores tramas de corrupción municipal de la democracia, la cual estuvo basada en contratos amaùados, pagos en negro y una densa red de poder político-empresarial que funcionó durante aùos con una sensación de impunidad casi absoluta. El fallo, correspondiente a la pieza sexta del macroproceso —centrada en las adjudicaciones de eficiencia energÊtica a la empresa Cofely— condena a 29 personas, entre ellas seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la administración, organización criminal y blanqueo de capitales. Cinco de esos exregidores pertenecían al Partido Popular y uno al PSOE, un dato que la sentencia subraya para dejar claro que la lógica de la trama trascendía las siglas y se asentaba en el control del poder local como palanca de negocio. La resolución judicial, de 611 påginas, describe con detalle el funcionamiento de una organización criminal "perfectamente estructurada", en la que empresarios y cargos públicos cooperaban de forma estable para manipular concursos públicos, inflar contratos y repartirse comisiones que oscilaban entre el 2% y el 3% del importe adjudicado. Los contratos, en su mayoría vinculados a servicios de eficiencia energÊtica, eran diseùados a medida para favorecer a la empresa adjudicataria, eliminando de facto la competencia y convirtiendo la contratación pública en un mercado cautivo. El engranaje empresarial y político de la corrupción En el centro de esta red aparece la figura de David Marjaliza, considerado por los jueces como el principal "conseguidor" de la trama. Marjaliza ha sido condenado a ocho aùos y dos meses de prisión por organización criminal, cohecho y blanqueo, tras reconocer parcialmente los hechos y colaborar con la justicia. Su papel consistía en actuar como intermediario entre las empresas interesadas en los contratos y los responsables políticos que podían garantizar las adjudicaciones, a cambio de comisiones que posteriormente eran repartidas y ocultadas a travÊs de un entramado societario. Junto a Êl, la Audiencia Nacional ha impuesto penas de hasta seis aùos y once meses de cårcel a varios directivos de Cofely, a quienes atribuye una participación activa y consciente en un sistema de corrupción "sistemåtico y planificado". La sentencia descarta que se tratara de hechos aislados o decisiones individuales y sostiene que la empresa asumió la corrupción como un coste mås del negocio, integrado en su estrategia de expansión en numerosos municipios madrileùos. Las condenas a cargos públicos dibujan un mapa preciso y preocupante de la corrupción local en la Comunidad de Madrid durante mås de una dÊcada, en la que determinados ayuntamientos funcionaron como nodos clave de una red de intereses políticos y empresariales. Exalcaldes de municipios como Móstoles, Collado Villalba, Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle o Parla aprovecharon su posición institucional y su capacidad de decisión para orientar de manera sistemåtica la contratación pública hacia empresas previamente seleccionadas, vulnerando los principios de concurrencia, transparencia e igualdad que deben...