El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, ha presidido este lunes la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Proyecto para el impulso de las Unidades de Inclusión de personas con discapacidad intelectual en la Administración Regional. Una iniciativa puesta en marcha en el marco del convenio suscrito por el Gobierno de Castilla-La Mancha para favorecer la plena inclusión laboral de este colectivo. Ruiz ha destacado que esta reunión es fruto del compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico para garantizar una función pública «inclusiva, accesible y justa», y ha agradecido la participación y el interés mostrado por la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, así como por Plena Inclusión, el Cermi y Cecap e entidades «imprescindibles para el desarrollo, seguimiento y mejora continua de esta iniciativa». El consejero ha recordado que desde el año 2015 el Gobierno regional reserva, tal y como establece la normativa, el 2% de las plazas de empleo público para personas con discapacidad intelectual, lo que ha permitido avanzar de manera decidida en su incorporación a la Administración regional. En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo ha venido trabajando en dos ámbitos fundamentales para facilitar el acceso de estas personas a la función pública. «Modificamos la Ley de Empleo Público para que los procesos selectivos para personas con discapacidad intelectual se realizaran de forma independiente y adaptamos tanto los exámenes como los temarios a lectura fácil», ha señalado. Gracias a este trabajo, actualmente 122 personas con discapacidad intelectual ya se encuentran trabajando en la Administración regional, a las que se sumarán 46 nuevas incorporaciones en los próximos meses, tras los procesos selectivos celebrados en septiembre y que se encuentran en su fase final. Además, en la Oferta de Empleo Público de 2025 se han reservado 61 plazas para personas con discapacidad intelectual en todos los sectores de la Administración regional. No obstante, el consejero ha reconocido que, a partir de la experiencia acumulada, el Gobierno regional ha considerado necesario «dar un paso más y profundizar en cómo se produce la incorporación real de estas personas a sus puestos de trabajo», con el objetivo de asegurar una adecuada adaptación entre las necesidades de la Administración y las capacidades y especificidades de cada trabajador. Con este fin, se han creado las Unidades de Inclusión , desarrolladas a través de un proyecto piloto en colaboración con Cecap, con el objetivo de analizar y proponer mejoras una vez que la persona con discapacidad intelectual se ha incorporado a la Administración. «Estas unidades deben estar gestionadas por profesionales que conozcan en profundidad la realidad de la discapacidad intelectual y que puedan trasladarnos en qué podemos mejorar», ha afirmado. Desde el pasado mes de mayo, Cecap trabaja junto a la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Discapacidad, y esta primera reunión de seguimiento ha permitido evaluar los resultados obtenidos hasta el momento. «Es fundamental profundizar en la adecuación del puesto de trabajo, en el entorno en el que se desarrollan las funciones y en el desarrollo profesional de estas personas, garantizando su autonomía dentro de la Administración», ha añadido el consejero. Por su parte, la presidenta del Cermi, Cristina Gómez, ha subrayado la importancia del trabajo realizado para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a la función pública mediante procesos selectivos adaptados. «Una vez superada la prueba de acceso, como cualquier otro funcionario, es imprescindible trabajar la adaptación al puesto y fomentar la inclusión dentro del equipo y del entorno laboral », ha afirmado. Gómez ha incidido en la necesidad de promover una «cultura de la inclusión» en la función pública, que permita a estas personas desarrollar su trabajo de acuerdo con sus capacidades y, al mismo tiempo, facilite que el resto de compañeros cuenten con formación y sensibilización para comprender y respetar la diversidad. «No se trata de hacer el trabajo por ellos, sino de ayudarles a que lo realicen de la mejor manera posible, como cualquier otro trabajador», ha señalado. En este sentido, ha concluido destacando que la acogida en los puestos de trabajo debe realizarse «con los ojos de la inclusión, el respeto mutuo y el trabajo colaborativo», garantizando que cada persona desempeñe funciones adecuadas a sus capacidades en un entorno laboral normalizado. De igual forma se ha expresado el presidente de Cecap, Andrés Martínez, quien ha felicitado al Gobierno regional por «avanzar en una estrategia de inclusión laboral tan innovadora como el acceso al empleo público de personas con discapacidad intelectual». Además ha destacado que se trata de la primera región de España en implantar un modelo de estas características.