Ciudades y pueblos donde los niños cuentan, opinan y son escuchados. Ese es el espíritu de las Ciudades Amigas de la Infancia en Castilla-La Mancha , cuyos representantes se han dado cita en la Consejería de Bienestar Social para recoger este título en un acto que ha reforzado el compromiso regional con la protección de la infancia. La comunidad autónoma suma ya 26 ayuntamientos reconocidos dentro de este programa, enmarcado en la iniciativa impulsada por UNICEF, a los que se han incorporado tres nuevos municipios. Un total que sitúa a Castilla-La Mancha entre los territorios que apuestan por políticas locales diseñadas desde la mirada de la infancia y la participación activa de niños y niñas en la vida pública. Además de políticos y técnicos, se han sumado al acto niños y niñas de los Consejos de Infancia y Adolescencia, unos órganos de participación ciudadana que funcionan en estos ayuntamientos amigos de la infancia. Durante el encuentro se ha destacado ese enfoque participativo, en una jornada con una amplia representación institucional y municipal, encabezada por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. En ese mismo contexto, el Gobierno regional ha anunciado la renovación de los convenios con los ayuntamientos que permiten mantener los 24 equipos formados por 48 profesionales que actúan en Castilla-La Mancha como apoyo a los servicios sociales de atención primaria en la protección de la infancia. Se trata de equipos especializados que trabajan con las familias, detectan de forma temprana posibles situaciones de riesgo y acompañan a los menores cuando aparecen señales de vulnerabilidad. Una labor discreta, pero esencial, que cuenta con una financiación anual superior a los 2,4 millones de euros, asumidos por la Junta. Según García Torijano, la continuidad de estos equipos consolida un modelo basado en la prevención y la intervención temprana, en línea con la legislación estatal de protección integral a la infancia frente a la violencia. Castilla-La Mancha cuenta además con una herramienta propia para medir el grado de protección familiar y la vulnerabilidad, ya implantada en los servicios sociales y considerada única en España. Su validación forma parte del proceso de mejora continua del sistema público de protección a la infancia. Un modelo que como ha destacado la consejera ha sido reconocido como buena práctica en distintos foros especializados de ámbito nacional, reforzando la apuesta regional por una intervención coordinada y centrada en los derechos de niños y niñas. Asimismo, la responsable regional de Bienestar Social ha avanzado que entre finales de febrero y primeros de marzo se resolverá la convocatoria de programas de Infancia y Familia 2026, dotada con 7,2 millones de euros, que permitirán seguir trabajando con las entidades del tercer sector en programas de prevención, apoyo a menores en situación de vulnerabilidad y acompañamiento a las familias.