La polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública en la Playa de San Juan a cargos públicos y familiares de políticos sigue generando un intenso debate. El caso, que según las denuncias se produjo sin la transparencia debida y con listas de espera paralelas, ya ha provocado varias dimisiones y ha sido llevado por la oposición a la fiscalía, que investiga posibles irregularidades. Este escándalo se produce en un contexto de grave crisis de acceso a la vivienda, lo que ha aumentado la indignación social. Para analizar la vertiente legal de esta situación, el abogado José Vicente Puchol ha intervenido en el programa Mediodía COPE Alicante. El experto ha aclarado que existen diferencias entre los tipos de vivienda protegida y que este caso parece corresponder a una promoción privada en un solar cedido por el Ayuntamiento. Según Puchol, el filtro para los adjudicatarios, socios de una cooperativa, dependía de la Conselleria, que debía verificar el cumplimiento de requisitos básicos como no poseer otra vivienda y un límite de ingresos de unos 50.000 euros anuales. Una de las grandes preguntas es si se pueden revertir las adjudicaciones. Buchol se ha mostrado escéptico y ha afirmado que, con la normativa actual, lo ve “complicado”. El letrado ha explicado que un procedimiento sancionador de este tipo está previsto para viviendas antiguas de promoción pública, no para promociones privadas como esta. “Yo dudo que que esto se lleve a efecto, o sea, yo no he visto nunca ningún expediente de expropiación en este tipo de situaciones”, ha sentenciado. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado su intención de ejercer el derecho de compra preferente sobre estos pisos. Puchol ha confirmado que esta vía es posible a través de un convenio con la Conselleria, permitiendo al consistorio adquirir una vivienda por el mismo precio en caso de venta (tanteo o de retracto). Sin embargo, ha señalado que, hasta donde él conoce, la administración autonómica no ha ejecutado nunca esta opción. El abogado ha calificado la normativa en materia de vivienda protegida como “muy farragosa” y “dispersa”, con leyes estatales que datan de 1978 y una ley autonómica de 2004. En su opinión, este caso debería servir para actualizar los criterios y unificar la legislación. Puchol ha diferenciado este nuevo modelo de VPP del concepto tradicional de vivienda social, asociado a edificios antiguos del patrimonio de la Generalitat con requisitos de acceso mucho más restrictivos.