La política regional vuelve a girar, una vez más, alrededor del Mar Menor, convertido en epicentro de una batalla legislativa y administrativa que se ha intensificado en apenas unas semanas. Mientras el Gobierno autonómico intenta reactivar, tras años de parálisis, el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente (POTMARME), la Asamblea Regional asiste a una carrera simultánea de reformas de la Ley del Mar Menor impulsadas desde casi todos los flancos ideológicos.