La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia en el largo conflicto familiar que enfrentaba a los herederos de la Casa de Medinaceli. Y los que han salido perdiendo han sido, sobre todo, Luis y Rafael Medina , hijos de Naty Abascal, que se quedarán sin los más de 4 millones que una sentencia anterior sí les había otorgado. Han estado más de diez años de litigios y enfrentamientos familiares. Tras siete años de negociaciones infructuosas terminaron en el Juzgado, y fue en 2021 cuando se dictó la sentencia anterior . Esta había impuesto a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli , presidida por Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, duque de Segorbe, Casa Ducal de Medinaceli, que pagara 40,5 millones de euros con bienes de su dotación a los herederos. Ahora la institución podrá preservar íntegramente su patrimonio. Han tenido que pasar cinco años para que los herederos de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, entre los que estaban, además de Luis y Rafael Medina la actual Duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe , tengan el resultado definitivo. Y han salido perdiendo. Se enfrentaban en los tribunales al presidente de la Fundación que es su tío en el caso de los hijos de Naty Abascal y su tío abuelo en el de la actual jefe de la Casa, que se convirtió en la aristócrata con más títulos del mundo con el fallecimiento de su padre en 2016. Victoria de Hohelohe heredó este conflicto que, además, le impidió pasar por el altar en el lugar que hubiera preferido y con las joyas familiares. Pero la Audiencia provincial considera que los bienes a heredar de estos seis demandantes forman parte de la fundación, sobre todo porque así se favorece a su preservación. De hecho la sentencia señala su notoriedad, puesto que muchos son bienes de interés cultural y monumental, como son el caso de la Casa de Pilatos y el Pazo de Oca. Con lo cual, el fragmentarlos en una herencia a tantas personas sería perjudicial. La sentencia señala también que fue Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, la que fuera Duquesa de Medinaceli a principio del siglo pasado y hasta su muerte en 2013, quien puso en marcha la fundación sin ninguna intención de perjudicar a sus herederos, puesto que los bienes aportados entonces eran una parte reducida del testamento. La Audiencia considera probado que los herederos conocían las dotaciones y donaciones realizadas a favor de la Fundación, tanto por su condición de familiares directos de la fundadora como por su participación en el Patronato de dicha institución.