Hace algo más de una semana tomábamos conocimiento de una noticia, firmada por Mercedes Gallego y Carolina Pascual, que, ya desde su apariencia más básica, llamaba a la preocupación. En una promoción de viviendas protegidas, escasísimas, habían conseguido adjudicaciones varias personas vinculadas al Ayuntamiento y la Generalitat: la concejala de Urbanismo, tres familiares de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, el jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, un arquitecto municipal y una técnica del Consistorio al que su marido, trabajador de la Generalitat, validó su solicitud. Demasiados son para avalar sospechas.