La revalorización de las pensiones prevista para 2026 ha sido presentada por el Gobierno como una forma de proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. Sin embargo, en muchos casos, esa subida no se traduce en una mejora real en la economía de los pensionistas. El motivo principal está en el IRPF. Al aumentar la pensión, también aumenta la cantidad que se paga en impuestos, lo que hace que una parte importante del incremento acabe volviendo a Hacienda.  En algunos tramos, este recorte puede llegar hasta el 43% del incremento. Aunque sobre el papel la pensión sube, en la práctica muchos jubilados notan que ese aumento es bastante menor de lo que esperaban. Esto genera una sensación de pérdida. Las pensiones tributan como rendimientos del trabajo dentro del Impuesto sobre la Renta. Esto significa que cualquier incremento supone automáticamente un aumento en la base imponible del contribuyente. La revalorización anual provoca que muchos pensionistas pasen a pagar más impuestos, e incluso que entren en tramos superiores del IRPF. Como consecuencia, parte de la subida queda neutralizada por las retenciones. Este fenómeno, conocido como "progresividad en frío", se repite cada año en este tipo de subidas. Los ingresos suben, pero los tramos del impuesto no se ajustan al mismo ritmo que la inflación. El resultado es que el contribuyente termina pagando más sin que su poder adquisitivo mejore realmente. Según distintos análisis publicados en medios económicos, Hacienda puede quedarse con entre un 32% y un 37% de la subida en pensiones medias y altas, y con hasta un 43% en algunos casos de pensiones más bajas que tributan. El impacto de este efecto fiscal no es el mismo para todos. Depende, sobre todo, del importe de la pensión y de la situación personal de cada jubilado. Entre los más afectados se encuentran los pensionistas con rentas bajas que superan por poco el mínimo exento, quienes cobran pensiones medias y pasan a un tramo superior, y las personas con pocas deducciones o cargas familiares. Por ejemplo, un pensionista que cobra alrededor de 1.200 euros al mes puede ver cómo una subida de 30 euros se reduce a poco más de 15 tras los impuestos. En el caso de una pensión cercana a los 1.800 euros, el recorte puede acercarse al 40%. En cambio, quienes perciben pensiones muy bajas y están exentos del IRPF apenas notan este efecto. Los jubilados con ingresos más altos, por su parte, suelen asumirlo como parte habitual de su carga fiscal. Desde el Ejecutivo se defiende la revalorización como una garantía frente al encarecimiento del coste de la vida. Sin embargo, el sistema fiscal hace que una parte del esfuerzo presupuestario regrese directamente a las arcas públicas. De este modo, la subida anunciada se convierte en muchos casos en un ajuste parcial que no cumple del todo las expectativas. Para muchos pensionistas, el aumento es más visible en los titulares que en su cuenta bancaria. Expertos en fiscalidad llevan años advirtiendo de este problema, que se repite cada vez que se actualizan pensiones o salarios sin una reforma paralela del IRPF. Una de las principales consecuencias de este mecanismo es la pérdida real de poder adquisitivo.  Aunque la pensión suba en cifras oficiales, el impacto de los impuestos y de la inflación reduce su efecto práctico. Esta situación alimenta la sensación de inseguridad entre los jubilados, que perciben una desconexión entre los anuncios políticos y su realidad diaria. La falta de claridad sobre cuánto se va a cobrar realmente tras impuestos refuerza la desconfianza en el sistema. Para miles de pensionistas, la revalorización de 2026 no supone una mejora sustancial, sino un ajuste silencioso que apenas se nota en el día a día. Una subida que, en demasiados casos, se diluye antes de llegar al bolsillo.