El salario mínimo interprofesional (SMI) se actualiza cada año para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. Esta cuantía, fijada por el Gobierno tras negociaciones con sindicatos y patronal, obviamente afecta a quienes lo perciben directamente, pero también repercute en convenios colectivos, prestaciones sociales y cotizaciones.