Una pelea entre dos internos en la cárcel de Teixeiro, en A Coruña, ha terminado con un funcionario herido con una fractura de tibia mientras intentaba mediar. Esta es solo una de las últimas y más graves incidencias registradas en las prisiones gallegas, una situación que, según los sindicatos, evidencia un problema mucho más profundo y extendido por todo el sistema penitenciario nacional. Pedro Vázquez, delegado de Acaip en la cárcel de Teixeiro y miembro de la ejecutiva nacional del sindicato, asegura que este tipo de sucesos no son "un hecho propio y aislado". Según los datos que maneja, "cada 14 horas, un funcionario de prisiones es agredido o surge un incidente importante en una prisión española". Según explica Vázquez, la situación ha empeorado drásticamente en la última década. El perfil delincuencial de los internos ha cambiado, mostrando más violencia y menos respeto a la autoridad. "Hace 10 años, prácticamente, una pelea entre internos hubiera finalizado con la simple presencia del funcionario. Ahora no", lamenta. A este cambio de perfil se suman unas "políticas buenistas" fomentadas desde el centro directivo de Instituciones Penitenciarias. Vázquez critica que se priorice la apariencia de calma sobre la seguridad real: "Lo que prima es que no ocurra nada, que no salga nada a la calle". Esto, denuncia, lleva a que se reduzca la clasificación de internos peligrosos que deberían estar en regímenes más restrictivos. Otro factor clave en esta escalada de conflictividad es el estado de la sanidad en las prisiones. Pedro Vázquez asegura que la "sanidad penitenciaria está prácticamente desmantelada", lo que resulta especialmente grave dado el "número importante de internos que tenemos con problemas psiquiátricos". Respecto a la falta de personal, el delegado de Acaip señala que, aunque en los últimos años "han entrado casi 3.000 funcionarios nuevos", las plantillas siguen en un "equilibrio muy delicado". La razón es que la mayoría de los funcionarios actuales entraron a finales de los 80 y principios de los 90, por lo que están llegando a la edad de jubilación y "los mecanismos para reemplazarlos son lentos". Vázquez también considera urgente actualizar el marco normativo. El reglamento penitenciario actual, señala, tiene ya 30 años y "está desfasado" tanto en el régimen de sanciones como en su adaptación a las nuevas realidades de las prisiones, como el aumento del número de funcionarias. Para el sindicato, la solución no es tanto dotar de más autoridad a los funcionarios, sino de que esta "tuviera un valor" que los internos actualmente no perciben. Como primera medida, Vázquez insiste en la necesidad de "una clasificación adecuada y tener a los internos que realmente son peligrosos en un régimen más restrictivo". Esta sería, en su opinión, "la primera piedra para poner un poco de orden en las prisiones españolas". Sin embargo, concluye que el problema es más amplio y estructural, ya que "las prisiones son el reflejo de lo que ocurre en la calle, y estamos viendo que la calle cada vez es más violenta".