Un plan, el denominado Casa Fácil, que permitirá construir en torno a 240 viviendas de protección pública en El Pla, Carrús y Torrellano, pero del que, desde el principio, los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Elche, PSOE y Compromís, recelan. Sobre todo, por lo que supone de ceder parcelas de titularidad pública a la empresa privada, por más que luego pase una parte de esos pisos a la sociedad pública Pimesa. Esos reparos, sin embargo, en los últimos días no han hecho más que intensificarse tras escándalos como el de las polémicas adjudicaciones de les Naus en Alicante, y ahora la guinda al pastel, a juicio de la izquierda, la ha puesto el anuncio por parte del alcalde, Pablo Ruz, asegurando que el protocolo para acceder a esos inmuebles se va a endurecer, hasta el extremo de que los interesados deberán firmar un documento específico sobre la ausencia de incompatibilidades; no podrán apuntarse concejales, altos cargos ni personal eventual; y habrá un canal anónimo de denuncias.