El Gobierno de España busca impedir los 'pelotazos' en materia sanitaria, un 'modus operandi' que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso conoce bien en tanto en cuanto parte de su núcleo familiar ha acudido a él -solo hay que recordar los negocios de su hermano Tomás durante la pandemia del Covid, o los de su novio, Alberto González Amador- o al que algunas empresas han recurrido bajo su amparo. Uno de los casos más llamativos y alarmantes que han tenido lugar en los últimos meses es el de Ribera Salud, el gigante sanitario del que El País publicaba en exclusiva que su antiguo CEO, Pablo Gallart, había pedido a los colaboradores cambiar las prioridades clínicas para obtener unos rendimientos adicionales y extraordinarios. En otras palabras, el alto directivo de la compañía solicitaba la ampliación de las listas de espera. Además de esto, han ido saliendo a la luz distintas formas de actuación en la misma línea, como el uso de herramientas o utensilios de un solo uso que, sin embargo, se utilizaban más de una vez, al menos en el hospital de Torrejón de Ardoz. En la región capital, la contratación 'a dedo' es un habitual. Tal es así que hay informes que cifran en más de los 400.000 acuerdos por esta vía al año entre 2016 y 2020. El colectivo ciudadano Audita Sanidad situaba que más del 99% de la contratación pública en materia sanitaria de la Autonomía fue menor, siendo uno de los hospitales más beneficiados el Ramón y Cajal, uno de los más importantes de Madrid y el conjunto del país. Los puntos calientes de la normativa Contra este modelo, resultado de la privatización que fomenta la Comunidad de Madrid, desde Moncloa se han puesto manos a la obra para acabar con ella. Para ello, derogará la ley de 1997 que aprobó el Ejecutivo de José María Aznar y que puso una alfombra roja, precisamente, al conocido como modelo Alzira (conocido así por el lugar en el que se originó). Han sido, dice Mónica García, "muchos años" de lucha para sacarlo adelante. El departamento que dirige García pondrá coto al mercado persa sanitario y reforzará el control del gasto de centros hospitalarios que gestionan compañías externas a través de una serie de cláusulas sobre las que, en resumen, solo se permite la privatización cuando se produce por razones de fuerza mayor no sea posible la prestación pública. También si la misma garantiza la sostenibilidad financiera de las partes -priorizando que los hospitales y, en definitiva, la salud de la ciudadanía, no se vea resentida- y la eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Asimismo, se intentará por todos los medios que se cumplan con los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. "Solo si es viable, si no se puede hacer con los servicios públicos", profundizaba la responsable de Sanidad. En la práctica, la normativa reciente favorecerá que las compañías que construyan un hospital puedan quedarse con su gestión, no solo sanitaria, sino tampoco de...